Los abogados que representan a inmigrantes que tras haber sido separados de sus hijos en la frontera fueron deportados sin ellos insisten en que algunos se vieron forzados a aceptar su salida y renunciar a su derecho de solicitar asilo político ya que se les hizo creer que era la única forma de volver a ver a los menores.

En un informe presentado esta semana tanto por el gobierno de Estados Unidos como por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quienes interpusieron una demanda colectiva a nombre de los padres afectados, se hizo saber que ya se cuenta con la información de contacto de todos los inmigrantes que fueron deportados sin sus hijos.

La ACLU en conjunto con un comité conformado por asociaciones civiles se ha comunicado con 231 de ellos, de los cuales, 183 han indicado de forma preliminar su deseo sobre la reunificación, mientras que otros 23 aún están considerando sus opciones, revela el reporte presentado ante la corte.

Por otro lado, unos 10 menores ya han sido reunificados en el país en que se encuentran los padres y otros 15 están a la espera de los trámites finales.

Sin embargo, la ACLU ha detectado casos en que los padres dicen haber sido engañados para aceptar su deportación del país y renunciar a su petición de asilo político, que fuera la razón por la cual viajaron hasta la frontera.
“Estos incidentes incluyen a padres a quienes se les dijo que necesitaban aceptar su deportación y no buscar asilo político para ser reunificados con sus hijos, y padres a los que se les pidió firmar documentos que no entendían y en idiomas que no hablan, que hizo que renunciaran a su derecho”, subrayó el abogado Lee Gelernt.

La administración del presidente Donald Trump ha indicado que 139 padres han renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos.

La ACLU ha solicitado al juez que conceda el regreso de algunos inmigrantes que fueron separados de sus hijos para que continúen su proceso de asilo. Si bien, Sabraw sugirió que todas las reunificaciones se realicen en los países de origen de los involucrados, permitió que ambas partes busquen un acuerdo.

Benjamín Prado, activista con el Comité de Amigos Americanos de San Diego, coincide en que muchos padres pudieron haber sido engañados. “Todo indica que fue así”, consideró.

Sin embargo, el gobierno federal ha insistido en que ha informado a los miembros de la demanda colectiva de forma correcta.

Este jueves, la administración informó sobre su progreso en el cumplimiento de un mandato emitido por el juez de San Diego, Dana Sabraw quien ordenó la reunificación de todas las familias que fueron separadas en la frontera.

Dichos números no distan mucho de lo presentado la semana pasada, pues la administración aún mantiene bajo su cuidado a 528 niños, 23 de ellos menores de cinco años del total de 2,654 que fueron alejados de sus padres a consecuencia de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular.