Estuve leyendo los comentarios que hicieron a mi columna “Mitt Romney: ¡Ay, Chihuahua!”, acerca del padre nacido en México del candidato presidencial republicano y de su bisabuelo refugiado en el vecino país, que se publicaron en el portal de internet del diario El Nuevo Herald de Miami.

Entre los mensajes, la mayoría en mi contra, encontré una catilinaria de 431 palabras colocada por un usuario que se identificó como “comejenalpiano”, quien trataba de calmar la molestia de otro internauta por mi escrito.

Transcribo sus palabras: “Felicitaciones. Pero no se cabree mucho con esta rata infecta de Zartha, que es sólo un impenitente odiador de Estados Unidos y un agentón comunofascista, que vive aquí y se aprovecha de nuestra espléndida y a veces demasiado permisiva democracia”.

En el resto de la diatriba me llama otra vez rata y me acusa de ser parte de una conspiración en contra este país, al que amo y del que soy ciudadano naturalizado.

Pero, cinco minutos después de leer la monserga entera, recibí una llamada desde Lafayette, Luisiana. En la otra línea estaba el activista comunitario Fernando Pérez-Viart del Proyecto Hispano de Ayuda a la Comunidad, quien me dijo que había reproducido un escrito mío contra la ley HB56 de Alabama.

El activista, originario de Cuba, quería alertar a la comunidad de Luisiana sobre las desastrosas consecuencias que ha tenido la medida antiinmigrante en el estado hermano del sur y para que nada parecido haga metástasis en su área.

Después de colgar con Pérez-Viart, tenía otra comunicación en el celular. Clarissa Martínez, la directora de Inmigración y Campañas Nacionales del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), estaba respondiendo a un pedido de declaración sobre el último invento de los intolerantes de Washington contra los indocumentados y sus hijos ciudadanos.

Se trata de la Ley H.R. 1956: Acta de Reforma de Verificación de Elegibilidad para Reembolso del Crédito Tributario por los Niños. La normativa fue introducida el año pasado por el congresista republicano por Texas, Samuel Johnson, junto con 37 copatrocinadores, y fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de diciembre pasado.

Básicamente lo que prende la normativa, que actualmente se encuentra en las negociaciones de un comité de conciliación de la Cámara de Representantes y el Senado, es negarle los reembolsos a que tienen derecho los indocumentados por sus hijos ciudadanos, si pagan sus impuestos con el número de identificación tributaria, ITIN o W-7.

La devolución, que fue un derecho adquirido desde 1998, con el propósito de impedir que los niños nacidos en Estados Unidos entren en el renglón de pobreza, sería abrogada por la propuesta del texano.

Más de 4 millones de niños ciudadanos resultarían afectados por la medida, pese a que sus padres estén cumpliendo sus obligaciones fiscales con el Tío Sam.

Contrario a las mentiras de los antiinmigrantes que dicen que los indocumentados no pagan impuestos, el año pasado los trabajadores irregulares aportaron 9 billones de dólares (en inglés) para sostener el seguro social y el medicare. Y se calcula que en los últimos diez años han aportado 90 mil billones de dólares.

Lo irónico de la normativa es que está siendo negociada por 20 legisladores, de ambos partidos, para subvencionar una porción de la extensión del recorte de impuestos salariales, iniciativa que entregaría 1,426 dólares en los bolsillos de 121 millones de hogares estadounidenses, incluyendo los de los desempleados. Es decir, que se trata de quitarle el pan de la boca a los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, para dárselo a otros.

Si por defender los derechos de menores de edad nacidos aquí, me llegan a calificar de rata infecta y conspirador, no me importa. Sé exactamente que no estoy actuando como roedor, sino todo lo contrario.

PD: Siempre he dicho que no estoy a favor de una política de fronteras abiertas, pero creo que se debe legalizar a los indocumentados afincados aquí que no son bandidos o delincuentes.