La Junta de Supervisores del Condado aprobó esta semana el uso de un edificio abandonado para abrir un albergue temporal para familias migrantes que han llegado a la frontera en búsqueda de asilo político.

Bajo el acuerdo aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, la organización Jewish Family Service alquilará la propiedad que anteriormente era utilizada como una corte y se encargará de su operación y mantenimiento hasta el próximo 31 de diciembre.

El supervisor Nathan Fletcher, uno de los promotores de la medida, consideró que la decisión de la junta demuestra que “en el condado de San Diego, la humanidad no tiene fronteras”.

“Hicimos lo que es correcto para proteger la salud y seguridad tanto de nuestra comunidad como de aquellos que solicitan asilo”, comentó.

En las últimas semanas, voluntarios con la Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRRN), denunciaron la falta de espacio para atender debidamente a cientos de inmigrantes que tras ser procesados por autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), son dejados a su suerte en distintos puntos del condado.

Ante la emergencia, dicha coalición instaló un refugio temporal que rápidamente llegó a su máxima capacidad dado la alta demanda de personas que han llegado hasta la garita internacional de San Ysidro para solicitar asilo político, incluyendo integrantes de la denominada caravana centroamericana.

De ahí, la presión a autoridades para encontrar un espacio que cumpliera con las características para atender a por lo menos unas 200 personas que requieren un sitio donde pasar la noche antes de partir hacia su siguiente destino.
De noviembre a la fecha, la SDRRN ha recibido a cerca de 5,200 inmigrantes. El problema, además del espacio limitado, es que el permiso de operación del albergue actual concluirá a mediados de febrero.

La medida aprobada esta semana por la Junta de Supervisores brinda un respiro a activistas, aunque funcionarios reconocen que es necesario buscar una solución a largo plazo.

“Estamos aquí hablando de una solución temporal, pero no debemos equivocarnos, este no es un problema temporal”, subrayó la supervisora Kristin Gaspar, quien votó a favor de la medida.

El temor de activistas es que la falta de un techo para inmigrantes, entre los que se encuentran mujeres y menores de edad, los llevará a pasar la noche en las calles donde podrían ser presas de criminales.

“Si estos solicitantes de asilo no pueden obtener albergue ellos quedarán en la indigencia, sin atención médica, buscando refugio en las calles o saturando aún más nuestros ya superpoblados albergues para personas sin hogar”, advirtió el sheriff Bill Gore, en una carta en apoyo a la instalación del albergue.

“El objetivo de cualquier oficial de seguridad es prevenir los crímenes antes de que sucedan. Las personas sin hogar son una de nuestra población más vulnerable en el condado de San Diego”, agregó.

La medida obtuvo apoyo bipartidista, incluyendo del alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, la fiscal de distrito Summer Stephan, la alcaldesa de National City, Alejandra Sotelo-Solís y el asambleísta de California, Todd Gloria, entre otros.