Activistas y las autoridades de justicia en el condado de San Diego aseguran que la batalla contra el tráfico de personas es más fuerte que nunca en la región y el resto del país.

El pasado 29 de enero la fiscalía federal en San Diego sentenció a Ameer Roby y a Shane Anderson, quienes admitieron prostituir a mujeres en la zona de Oceanside y promover la explotación de sus víctimas por redes sociales, a un mínimo de 24 meses en prisión.

Activistas como Aliza Amar, quien es fundadora de la organización Rompiendo Juntos el Silencio, asegura que los miembros de estas organizaciones generan por todo el mundo más de 35 mil millones de dólares anuales y que también han mejorado sus estrategias, que van desde convencer sentimentalmente a las víctimas, hasta ofrecerles un mejor modo de vida en un país extranjero.

Amar dijo que los miembros de la comunidad LGBTQ se encuentran aún más expuestos, pues el rechazo de su familia en casa, muchas veces, los obliga a permanecer en las calles, donde los delincuentes aprovechan dicha vulnerabilidad para en cuestión de menos de dos días comenzar a traficarles a cambio de dinero.

Amar también señaló que la frontera entre San Diego y México es aprovechada por las organizaciones criminales, las cuales cruzan en su mayoría a las mujeres sin documentos a Estados Unidos, quienes sin defensa alguna ante criminales armados, quedan a merced de estos grupos que les obligan a prostituirse.

Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos revelaron que un promedio de 800 mil personas son traficadas por las fronteras internacionales al año, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y la mitad niños.

En el condado de San Diego hay alrededor de 8 mil 108 víctimas de la trata de personas donde, cerca del 80 por ciento de las víctimas son originarias de los Estados Unidos.

Las autoridades piden a los ciudadanos quienes creen que alguna persona es víctima de trata de personas llame al número 1-888-373-7888, habilitado las 24 horas del día.