Congresistas en Estados Unidos llegaron al condado de San Diego para hablar sobre su preocupación por la separación de familias que tiene lugar en Estados Unidos, medida cual se lleva a cabo bajo la política de cero tolerancia de la administración presidencial.

Lo más preocupante para activistas y residentes locales es la falta de estrategias que muestren un plan específico para la reunificación de los pequeños con sus padres o tutores quienes se encuentran en un centro de detención en otro punto geográfico de la Unión Americana.

“Es difícil si tomas a una niña pequeña de tres años y la alejas de su familia, ella no tiene las habilidades verbales o documentos para verificar quien es ella, así que nos enfrentamos a una difícil situación para regresarla con su familia”, señaló Scott Peters, congresista estatal por el Distrito 52.

Aunque un juez federal solicitó la reunificación de todos los menores en un lapso menor de un mes, desde el pasado 26 de junio los congresistas dijeron encontrarse en los refugios de San Diego con la situación de ver a madres que no tenían conocimiento del paradero de sus hijos, sitios donde el sufrimiento a pesar de ser refugios o centros de detención era la misma.

Peters destacó su alegría de ver la decisión del juez federal, pero notar una gran crueldad en las formas en que las autoridades de inmigración separan a los menores de sus padres.

“Es algo muy, muy cruel, me parece totalmente inconsistente y una farsa a los valores de los Estados Unidos”, agregó el congresista.

En su visita, los congresistas dijeron encontrar a un total de 65 pequeños en centros de detención y refugios separados de sus padres.

“Son los que yo vi”, aseguró Juan Vargas, congresista estatal por el Distrito 51, posterior a realizar un recorrido por los centros de detención y refugios del condado de San Diego.

En su recorrido, los congresistas también destacaron el desperdicio de recursos que se genera por la separación de familias y su permanencia en centros de detención de la Unión Americana. De acuerdo a activistas en San Diego, las autoridades gastan un total de 164 dólares por persona al día y un promedio de 2 mil millones de dólares al año en operar estos centros de detención.

Indicaron los miembros del congreso, ser más efectiva la política de “captura y liberación” que tenía lugar durante la administración de Barack Obama, la cual permitía a las familias encontrar una vivienda en Estados Unidos, mientras se realizaba el proceso migratorio y se solicitaba su presencia de forma estricta para las audiencias estipuladas con las autoridades federales.

“Antes tenían un programa donde las familias que llegaban juntas, las tenían juntas y luego las soltaban, ellas tenían que regresar para ver sus casos con el juez, pero los soltaban, y deben de hacer eso de nuevo”, agregó Vargas.

Los congresistas aseguraron encontrarse en impulso de una ley que prohíba de forma definitiva la separación de familias migrantes en el país, y buscar formas para que una vez reunificados los menores no tengan que regresar a centros de detención que son parecidos a prisiones, también aseguraron haber firmado una carta junto a 50 colegas en contra de estas prácticas.