Una delegación de 14 congresistas demócratas, incluyendo su líder Nancy Pelosi, visitó esta semana la región fronteriza para ver de cerca los efectos de las políticas que han separado a miles de familias que han llegado al país en búsqueda de refugio.

En su corta estancia, el grupo acudió al albergue para menores Southwest Key en El Cajón, en donde esperan decenas de inmigrantes entre los seis y 17 años en su mayoría centroamericanos. Posteriormente, la delegación se trasladó a un centro de detención para ver las condiciones en que se encuentran quienes han presentado una solicitud de asilo político.

Pelosi, quien lidera al partido en la Cámara Baja, detalló en rueda de prensa en Otay Mesa que los niños y adolescentes en el albergue estaban “felices en ese momento de ver que había gente con ellos y que no habían sido olvidados”.

A su vez, defendió a las comunidades migrantes que se ven forzadas a buscar protección en Estados Unidos.

“La realidad es que no tenían otra opción, era cuestión de vida o muerte”, señaló Pelosi, en alusión a legisladores que han calificado de “irresponsables” a padres que han puesto a sus hijos en esta situación.

“Lo que vimos fue padres en un centro de detención e hijos en otro centro de detención”, lamentó el congresista de Las Vegas, Ruben Kihuen. “Para que ellos se comuniquen hay un proceso extenso, así que es importante aclarar que esto no se trata de atacar al presidente o a los republicanos, esto se trata de mantener a nuestras familias juntas”, agregó el legislador de origen mexicano.

Por su parte, el congresista de San Diego, Juan Vargas hizo notar que si bien los niños estaban contentos de ver el apoyo, a quienes querían ver era a sus padres.

La intención de la visita de congresistas era exigir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump revocara el mandato que derivó en la separación de familias, lo que sucedió dos días después luego de constantes críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El mandatario estadounidense promulgó un decreto para mantener juntas a las familias que se encuentran en este proceso y poner fin a lo que fuera “un efecto secundario” de la ya implementada política de “cero tolerancia” bajo la cual, se busca enjuiciar a todo aquel que cruce la frontera de forma irregular.

En respuesta, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organismo que ha presentado una demanda en tribunales para poner fin a la práctica de separación de familias, refirió que esta problemática terminará hasta que “cada niño sea reunido con su padre o con su madre”.

“Esta orden ejecutiva sólo va a reemplazar una crisis por otra. Los niños no deben estar encarcelados, ni siquiera con sus padres en ninguna circunstancia. Y si el presidente piensa que el encarcelar familias de forma indefinida es lo que la gente ha pedido, está muy equivocado”, consideró Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU.

Para el grupo de legisladores que visitó San Diego, la insistencia del presidente Trump en este tipo de políticas responde a su necesidad de utilizar el tema como “moneda de cambio” para que se apruebe una ley que incluya financiar su prometido muro fronterizo.

“Es un negocio que está haciendo muy difícil para todos nosotros”, comentó el congresista Lou Correa de Santa Ana.

La delegación estuvo conformada además por los congresistas Tony Cárdenas de Panorama City, Nanette Díaz Barragán de Los Ángeles, Nydia Velázquez de Nueva York, Judy Chu de Los Ángeles, Jim Costa de Fresno, Jimmy Gómez de Los Ángeles, Susan Davis de San Diego, Lucille Roybal-Allard de Los Ángeles y Michelle Luján Grisham de Nuevo México.