El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV,  por sus siglas en ingles) enfrenta una demanda interpuesta por una coalición de organizaciones que abogan por los derechos humanos por supuestamente suspender ilegalmente las licencias de conducir de personas de bajos recursos.
La demanda citó la iniciativa firmada por el Gobernador de California Jerry Brown durante el 2015, cual brindó amnistía a personas de bajos recursos bajo un programa que tiene como objetivo cobrar sólo  la mitad de las penalidades que enfrentan. La amnistía se dirige a los usuarios infractores con deudas vencidas antes del 2013, quedando exentos personas con casos relacionados con delitos por drogas o violencia. La medida surgió a raíz del notable incremento de las multas en las cortes, por lo que la mayoría de los usuarios recibían una suspensión de su licencia, lo que no les permitía manejar, imposibilitándo sus actividades diarias, desde llevar a sus hijos a la escuela, ir al supermercado o trabajar.
Sin embargo, a pesar de que esta medida ya lleva casi un año en vigor, el departamento no cumplió esta regla y suspendió las licencias a más de 600,000 californianos,  según datos de la Coalición de Organizaciones que abogan por los derechos humanos.
“Nadie debe verse forzado a escoger entre mantener su licencia de conducir y alimentar a su familia. El DMV debe dejar de castigar a la gente por ser pobre”, manifestó  Rebekah Evenson, Directora de Legal Aid.
Por su parte, el DMV se limitó a realizar comentario alguno, bajo el argumento que se encontraban en proceso legal.
A mediados de este año, autoridades federales en California manifestaron que más de 50,000 automovilistas se habían visto beneficiados bajo este programa de amnistía.
La demanda fue respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles, quienes argumentaron que a pesar de que el DMV tiene la autoridad para suspender las licencias a quienes intencionalmente no paguen una infracción, la falta de recursos económicos no puede ser considerada como una falta intencional.
En los próximos días, se dara a conocer los resultados del litigio, en donde se determinará si las licencias que fueron suspendidas deben ser reactivadas o si los infractores deben pagar las multas según sea el caso. Sin embargo mientras se resuelve la situación, los afectados son los usuarios quienes no pueden realizar ampliamente sus actividades diarias.