El gobierno de Estados Unidos separó a más niños migrantes de sus padres en la frontera de lo reconocido anteriormente, reveló una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

El reporte dado a conocer esta semana concluye que la práctica de separación de familias se realizaba incluso desde antes de la implementación de la política de “tolerancia cero”, que derivó en que un juez federal de San Diego ordenara la reunificación de todos los afectados.

Tras dicho mandato judicial, la administración federal identificó a 2,654 niños que fueron alejados de sus padres, aunque meses más tarde, dicho número aumentó a 2,816 menores, de acuerdo con un informe presentado a mediados de diciembre ante la corte del distrito sur de California.

En el informe se detalla que bajo la orden judicial, la mayoría de este grupo de niños ya han sido entregados ya sea a un familiar o tutor.

Pero la auditoría indica que un número desconocido, posiblemente dentro de los “miles”, de niños migrantes fueron separados previo al litigio colectivo que obligó a localizarlos y regresarlos con sus padres.

Dado que previo a dicha orden judicial, el gobierno federal carecía de una base de datos y un plan de reunificación, en el reporte del OIG no precisa cuál fue el paradero de dicho grupo de menores, aunque se piensa, la mayoría habrían sido entregados a familiares en Estados Unidos.

“HHS enfrentó retos significativos en identificar a niños separados, incluyendo la falta de un sistema integrado de datos para monitorear a familias separadas”, señala el informe, que indica que dicha dependencia destinó “recursos considerables” a dicho esfuerzo.

Aunado a ello, el reporte es crítico de las medidas implementadas por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), encargada del cuidado de los menores, son eficientes para que la problemática no se repita.

“Todavía no es claro si los cambios recientes a los sistemas y procesos de ORR son suficientes para garantizar información consistente y precisa sobre niños separados, y la falta de detalles en la información que reciben del Departamento de Seguridad Nacional continúa siendo un reto”, continúa el documento.

Al respecto, la Unión Americana de Libertades Civiles, organismo que entablara la demanda colectiva en nombre de las familias afectadas, adelantó que “regresarán a la corte luego de esta última revelación”.

“Esta política fue un cruel desastre desde el inicio. Este reporte reitera que el gobierno nunca tuvo una imagen clara de cuántos niños fueron alejados de sus padres”, señaló la organización defensora de derechos humanos.