Generar información pública es una de las grandes conquistas de la democracia. El gobernante no puede, ni debe, actuar sin ofrecer reportes a través de los cuales puede ser evaluada su gestión.

Por mucho tiempo la discrecionalidad fue divisa de gobernantes autoritarios que tomaban decisiones sin tomar en cuenta a los gobernados y, menos aún, se preocupaban por dejar evidencia de su labor excepto para realizar eventos majestuosos de autoelogio ante auditorios controlados y complacientes.

En México, es obligación constitucional presentar cada año, el primero de septiembre, un informe puntual a la nación en el que se deja evidencia objetiva de lo realizado. En los siguientes días se realiza una “glosa” de su contenido por parte de los legisladores quienes pueden recibir información complementaria y, en su caso, emitir recomendaciones o sancionar desvíos e irregularidades.

Por lo menos esa fue la intención del legislador, pero los hechos han dejado mucho que desear. En efecto, desde fines del siglo pasado las comparecencias del Ejecutivo en lo que se llegó a llamar el “día de Presidente” empezaron a ser escenario de disputas y desencuentros con las oposiciones.

El reclamo de un legislador combativo como lo fue Porfirio Muñoz Ledo en el último informe del Presidente Miguel de Lamadrid cambió el paradigma y dio motivo a que gradualmente ese momento fuera perdiendo sentido. Se paso de la lambisconería a la falta de respeto y confrontación física y verbal. El presidente Carlos Salinas, en una descortesía verbal dejo en el imaginario social aquel “…ni nos veo ni los oigo…”. El Informe Presidencial dejó de tener razón de ser en toda la extensión de la palabra; ni era terso ni acto de rendición de cuentas.

Las cosas se descompusieron tanto que el recinto parlamentario era campo de batallas entre los partidos quienes se disputaban la tribuna en las tomas de posesión y en las ceremonias de entrega del Informe presidencial y la lectura del mensaje del primer mandatario. Vicente Fox fue impedido inclusive a ingresar al recinto del Congreso; no era persona grata.

En el afán de evitar una imagen de conflicto institucional se optó por una medida alternativa. El Informe presidencial lo entrega el Secretario de Gobernación en la oficialía de partes del Congreso en un acto de perfil estrictamente burocrático. Por su parte, el Presidente se reúne en sedes alternas con un grupo reducido y controlado de invitados a quienes lee algunas cuartillas que lejos de ser informe autocrítico, es una compendio de autoalabanzas. El auditorio se manifiesta complacido y los medios de comunicación oficial difunden una imagen maquillada de armonía.

El próximo primero de septiembre de 2017, el Ejecutivo presenta su Quinto Informe de Gobierno y al día siguiente el mensaje oficial. Paralelamente se ha instrumentado una costosa campaña mediática de realizaciones y logros que inundan el tiempo de las emisiones. Lo cierto es que es el momento de arranque de la lucha por la sucesión, amén de que el poder del presidente entrará en una fase de deterioro gradual.

A lo anterior se suma un escenario de crisis considerando las difíciles relaciones y temas de controversia con el actual gobierno norteamericano, las cuentas negativas de las finanzas públicas y el ambiente enrarecido por muchos frentes abiertos de crítica por actos de corrupción, ineficiencias, inseguridad y desviaciones que dejan mucho que desear de la actual administración. Estaremos muy atentos al contenido del informe para evaluar lo realizado, su consistencia así como los escenarios futuros que de su contenido puedan desprenderse.