Como un brioso jinete del Apocalipsis, el tema de la inseguridad pública adquiere preponderancia en el texto del mensaje presidencial del pasado 2 de septiembre.

El presidente reconoce que la ciudadanía está inconforme con los resultados que en esa materia ha podido ofrecer la actual administración y que están muy lejos de las promesas de su campaña; huelga decir que la seguridad es la primera responsabilidad del Estado y para ello dispone del monopolio de la fuerza para combatir las conductas delincuenciales.

El presidente, como en todo el texto, introduce cifras que le permiten dimensionar la relevancia del tema y reconoce, sólo marginalmente, que el modelo que se fijó como política de gobierno no ha alcanzado las metas comprometidas. Los recursos destinadas al combate de la delincuencia son estratosféricos pero no parece haber correspondencia entre lo erogado y lo obtenido, lejos de eso, los propios números reflejan una mayor incidencia criminal; secuestros, robos, homicidios y la escalación de las acciones violentas del narcotráfico organizado que confronta a la fuerza pública con gran beligerancia.

Se expresa un sentido y merecido reconocimiento a las fuerzas armadas – Ejército y Marina – por su comprometido desempeño en una materia, que en principio, no tienen porque asumir y para la cual carecen de un andamiaje institucional que les permita actuar con facultades expresas, al tiempo que se les exhibe en los medios de comunicación y en la crítica de las organizaciones sociales cuando en el uso de la fuerza, se producen bajas colaterales o se cometen excesos en la aplicación de medidas de abatimiento de delincuentes mismas que son denunciadas como violaciones a los derechos humanos, y las cuales están documentados y en curso legal casos que están irresueltos que comprometen el prestigio del Ejército, como en el caso de la desaparición de estudiantes en Iguala o la eliminación con exceso de fuerza de delincuentes en enfrenamientos.

En cuanto a la captura de las cabecillas de las organizaciones criminales se destina el resultado, pero se omite referir los ridículos propiciados por fugas espectaculares y la aplicación de medidas que parecen someterse a las decisiones de los intereses de instituciones foráneas. Y en el tema de las acciones contra los actos de corrupción de gobernantes que han sido denunciados por cometer delitos en el ejercicio de sus funciones, el imaginario social da muestras de indignación ante el trato considerado y hasta de protección que se les han brindado ya en el curso de sus capturas, en los trámites de su extradición o en la consistencia las demandas e investigaciones que parecen ser deliberadamente benignas para que el indiciado tome ventajas judiciales.

En la recta final de la administración, parece poco lo que se podrá avanzar ya que el propio sistema legal no ha logrado evolucionar ante el cambio de paradigma de la persecución de los delitos, resultado de la falta de capacitación y entendimiento de los responsables de la nueva procuración de justicia. Los delincuentes están encontrando rutas de liberación ante la fragilidad del aparato judicial. Y por lo que se refiere al fortalecimiento del marco legal de la fuerza pública ni en el Congreso ha logrado consenso para dar curso a nuevas leyes en la materia que irresponsablemente son eludidas por los legisladores.

En el desarrollo del inminente proceso electoral, la inseguridad será materia reiterativa del discurso y de las confrontaciones políticas, y es de esperar que para bien del país, los futuros gobernantes si logren construir una nueva plataforma de convivencia ciudadana en el marco de un efectivo Estado de Derecho.