La caravana migrante que atrajo la atención de la Casa Blanca llegó esta semana a la frontera con la esperanza de que sus casos sean escuchados y se les conceda asilo político en Estados Unidos.

Unos 150 inmigrantes, en su mayoría originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, concluyeron el trayecto que inició a finales de marzo en Tapachula, Chiapas hasta el cruce peatonal de San Ysidro en donde poco a poco han sido recibidos por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En principio, se les dijo que tendrían que esperar en México ya que el puerto de entrada se encontraba a capacidad debido a un incremento en el número de personas indocumentadas que días atrás habían llegado con el mismo fin. Mientras se liberaba espacio, el grupo esperó a la intemperie en las inmediaciones del cruce fronterizo.

“Nosotros exhortamos a los solicitantes de asilo a que busquen asilo en el primer país seguro al que ingresen. Sin embargo, vamos a procesar sus peticiones en cumplimiento con la ley”, señaló una portavoz de CBP en San Diego.

El miércoles, activistas que acompañan a la caravana tenían un conteo de 74 personas, en su mayoría madres con sus hijos, que ya habían sido recibidas por parte de autoridades de inmigración, lo que representa casi la mitad de la caravana.

“CBP continuará su trabajo con la agencia socia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para garantizar el manejo continuo de personas presentándose sin documentos y el cuidado y custodia adecuados de todos los que se encuentran en nuestras instalaciones”.

El grupo llegó huyendo de la violencia que aqueja a sus países de origen. Muchos argumentan haber sido extorsionados o amenazados por pandillas, entre estas los criminales conocidos como “los maras”.

Una vez que hacen saber al oficial de aduanas que tienen miedo de regresar a su país, se les asigna un oficial de asilo quien en base a una entrevista deberá determinar si existe un miedo creíble de “persecución y tortura”.

De ser así, el caso sería turnado a una corte de inmigración y la persona podría esperar recluido por un tiempo indefinido en un centro de detención o en algunos casos, se les daría libertad condicional con un grillete de monitoreo.

Sin embargo, son muy pocos los casos en que el gobierno estadounidense concede asilo político. De acuerdo con estadísticas del Departamento de Justicia, en el año fiscal 2016, se recibieron 65 mil 218 peticiones, de las cuales, se aprobaron 8 mil 726.

“El ser migrante no es un delito, ni es un crimen y ellos vienen con toda la ilusión de pedir el asilo político, pero también tienen bastante miedo ya que con (el presidente) Donald Trump van a lo incierto”, señaló Lourdes Lizardi activista con el grupo Ángeles sin Fronteras.

Si bien, no se trata de la primera caravana de su tipo, en esta ocasión cobró visibilidad dado que fue blanco de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien inclusive, solicitó la intervención del gobierno mexicano para que ésta no llegara a la frontera.

Incluso, en su visita a Caléxico, California, el vicepresidente Mike Pence agradeció a México por su asistencia por la cual, el número de solicitantes de asilo se redujo considerablemente en comparación a los cientos que en un inicio pensaban hacerlo como parte de este movimiento.

Pero esto no desalentó a un grupo que insiste haber llegado a la frontera no por gusto, sino por necesidad.
“Somos madres, somos padres, somos niños que son el nuevo futuro y les suplicamos que nos escuchen, que nos den una oportunidad”, señaló Linda Zúñiga, originaria de El Salvador, quien viajó con su nieta y dos hijos.

Algunos activistas consideran que la administración federal haya utilizado a la caravana para impulsar una agenda antiinmigrante, incluyendo la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

“Se ha utilizado una narrativa de invasión cuando todo sabemos que la mayoría viene con la intención de entregarse”, refirió Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos, quien recordó que los integrantes de la caravana están siguiendo un proceso que es permitido por la ley.

Para la mañana del jueves, activistas que acompañan a la caravana tenían un conteo de 158 personas, en su mayoría madres con sus hijos, que ya habían sido recibidas por parte de autoridades de inmigración.