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Por Arturo Castañares
Editor General

Una ex-concejal de la ciudad de Chula Vista fue sentenciada esta semana después de declararse culpable en febrero a dos delitos graves de robo de un préstamo federal y beneficios de desempleo durante la pandemia.

Andrea Cárdenas, de 32 años, se disculpó con el tribunal el miércoles por la tarde durante su audiencia de sentencia donde la jueza Rachel Cano impuso un período de libertad condicional de 2 años, 100 horas de servicio comunitario, y un día de detención en custodia para su papel en el robo de más de $230,000 en fondos federales y estatales.

Andrea Cárdenas

 

Cárdenas y su hermano, Jesús Cárdenas, de 42 años, se declararon culpables de dos delitos graves en febrero bajo un acuerdo de culpabilidad después de que la fiscalía del condado Summer Stephan acusó a los hermanos por un total de 14 cargos por delitos graves.

Jesús Cárdenas

 

A los hermanos fueron acusados de solicitar falsamente un préstamo federal de $176,000 destinados a ayudar a las empresas a retener a los trabajadores durante la pandemia COVID, y por solicitar injustamente más de $55,000 en beneficios de desempleo que recibieron en 2020 mientras ambos aún trabajaron para su empresa de consultoría politica.

En el momento en que defraudaron al gobierno federal, Andrea Cárdenas era miembro del Consejo de la Ciudad de Chula Vista y Jesús Cárdenas estaba sirviendo como Jefe de Gabinete del concejal de la ciudad de San Diego Stephen Whitburn.

Según el acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron no pedir más de un año en la cárcel del condado en lugar de más de tres años en la prisión estatal que los cargos llevaron, pero finalmente pidieron a Cano que sentenciara a cada hermano a solo seis meses en la cárcel del condado.

El miércoles, Cárdenas se disculpó "con mi comunidad y familia por mis acciones" diciendo "los últimos 10 meses han sido los más difíciles de mi vida”.

"No me considero una víctima, pero mis padres son mi prioridad número uno", dijo Andrea Cárdenas mientras lloró durante la audiencia en la corte.

"Confían en mí para atender sus necesidades", agregó, repitiendo un tema similar utilizado durante la sentencia de su hermano en marzo, donde también afirmó estar apoyando a sus padres.

Aunque Cárdenas y su abogado, Pedro Bernal, hablaron durante la audiencia para apelar ante la jueza Cano, un resumen legal que presentaron al tribunal bajo un sello protector, lo que significa que todo el documento se mantendrá oculto al público.

El resumen legal presentado por Jesús Cárdenas y su abogado antes de su audiencia de sentencia en marzo no se presentó bajo sello.

En marzo, Cano sentenció a Jesús Cárdenas a 45 días en un centro de custodia residencial y 135 días de detención del hogar, dos años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y una orden judicial compartida con su hermana para pagar más de $225,000 en restitución a los gobiernos estatales y federales, pero le permitió pagar solo $500 por mes.

 

Ambos hermanos ahora son delincuentes condenados y pueden solicitar al tribunal que reduzca las condenas a delitos menores después de que se completen sus períodos de libertad condicional de dos años y pagan el monto total de restitución adeudado a los gobiernos federales y estatales. Los dos aún podrían enfrentar sentencias de prisión si cometen delitos durante sus períodos de libertad condicional.

Las acusaciones resultaron después de una historia en La Prensa San Diego en Febrero del 2023 sobre el préstamo donde los hermanos Cárdenas afirmaron tener 34 empleados en su empresa de consultoría política, a pesar de que múltiples fuentes confirmaron que no habían tenido empleados durante el período requerido para calificar para el préstamo.

En una entrevista telefónica de más de dos horas con La Prensa San Diego antes del artículo, Jesús Cárdenas admitió que había usado los nombres de los empleados de Harbor Collective, un dispensario de marihuana en San Diego que ha sido cliente de su empresa política para reclamar un préstamo de $176,211 destinado a ayudar a los trabajadores de negocios durante el pandémico.

 

Solo dos tipos de empresas fueron excluidos específicamente de la calificación para los préstamos; negocios de marihuana y firmas de consultoría política.

Cárdenas enumeró falsamente a su empresa como una firma de consultoría financiera en la aplicación.

Cuando los fiscales acusaron a los hermanos, la acusación incluía detalles de cómo la pareja conspiró para completar la solicitud del préstamo, pagaron una tarjeta de crédito personal, y pagaron más de $30,000 en deuda de la campaña política de Andrea Cardenas del 2020.

Andrea Cárdenas decidió postularse para la reelección a su asiento del Consejo de la Ciudad después de que la pareja fue acusada, y Jesús Cárdenas continuó ayudando a su campaña, junto con el consultor político Jehoan Espinoza, un asociado de la pareja desde hace mucho tiempo.

Cinco candidatos desafiaron a Cárdenas en las elecciones primarias de marzo del 2024, incluida un miembro de la Junta de las Escuelas Primarias de Chula Vista, César Fernández, cuya elección de 2022 había sido dirigida por Jesús Cárdenas.

Andrea Cardenas renunció su asiento unos días antes de declararse culpable en febrero de 2024, pero su nombre permaneció en la boleta electoral y continuó haciendo campaña para la reelección. Cárdenas terminó en el quinto lugar en las elecciones de marzo.

Fernández y el ex-concejal de la ciudad de Chula Vista, Rudy Ramírez, se enfrentarán en las elecciones generales del 5 de noviembre.

A pesar de la condena por delito grave, otras campañas políticas continúan usando a Jesús Cárdenas como consultor.

Aunque el estado ha suspendido su compañía durante varios años por no presentar declaraciones de impuestos, Cardenas ha creado dos nuevos nombres ficticios para operar como consultor.

 

La Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte (Liuna) Local 89 en San Diego usó a Jesus Cárdenas a principios de este año cuando el sindicato gastó más de $700,000 para apoyar a candidatos para el Comité Central del Partido Demócrata del Condado de San Diego. El sindicato apoyó a 36 candidatos, incluido el alcalde de San Diego, Todd Gloria, el líder local de Liuna, y su hijo adulto que también es un funcionario de la Unión, y el director político de Liuna.

Jesús Cárdenas continúa ayudando a otras campañas detrás de escena, incluido el trabajo contra antiguos clientes que el siente que se voltearon contra él, incluido Kate Bishop de la junta de las escuela primaria Chula Vista, que se postula para la reelección, y su colega, César Fernández, quien desafió a Andrea Cardenas para su su asiento del Consejo de la Ciudad en la elección primaria y estará en el ballido en la elección general de noviembre.

Corrección: una versión anterior. del artículo enumeró por error los pagos de restitución ordenados por el tribunal como $ 50 por mes. El monto es de $500 por mes. El artículo ha sido actualizado.