Diputado Estatal por el
Distrito 104 de Dallas

Texas no será Alabama, Pensilvania, ni mucho menos Arizona.

Aquí, en nuestro estado, si se respetan los derechos emanados de nuestra Constitución –conquistados a sangre y fuego en feroces batallas— que protegen a los inmigrantes, con o sin papeles. Todos somos para nuestra Carta Magna iguales: no importa nuestro grupo étnico, religión, o estatus migratorio.

Esta magnífica lección cívica nos la acaba de dar un tribunal federal que declaró inconstitucional la ley que el gobierno local de Farmers Branch, respaldado por su poderosa élite ultraconservadora, pretendía aplicar para impedir que familias indocumentadas pudieran alquilar viviendas en ese suburbio del norte de Dallas.

Su tajante rechazo tiene poderosas raíces históricas, humanas y legales, por lo que la decisión de los jueces federales fue rotunda: El poder de controlar la inmigración corresponde sólo única y exclusivamente al gobierno fe-deral, no a los estados ni a las ciudades.

Pero a Farmers Branch no le importa violar esa ley federal. Por el contrario, continúa gastando en sus abogados para defender su ordenanza: 4 millones de dólares les ha pagado ya, y esta suma podría dispararse si se les ocurre apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la nación. No le interesa tampoco reparar en los altos costos sociales y económicos que está padeciendo por defender su ley. Su objetivo es claro: expulsar de su territorio a todo aquel que hable español o tenga apariencia latina.

Pero el fallo de la quinta Corte de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans, emitido hace unos días, no solamente iba dirigido a Texas o a los municipios que lo integran, sino para los gobernantes de todo el país: “Este (el de la inmigración) es un problema nacional, que necesita una solución nacional”. Y enfatizó: su impacto no deberá afectar las relaciones de Estados Unidos con México y otras naciones.

La corte federal comprobó así que esta ley estaba cargada desde su creación de injusticias y de los más repugnantes ataques contra los migrantes hispanos. Los jueces del tribunal así la describieron: esta ordenanza —más que una regulación de la vivienda— fue diseñada en Farmers Branch contra los extranjeros, tanto documentados como indocumentados. “Como tal, la ordenanza no sirve a ningún interés legítimo de la ciudad”, retumbó la decisión de la Corte de Apelaciones.

Con esta decisión queda claro que los gobiernos locales o estatales “no” pueden hacer ni aprobar sus propias leyes migratorias, ni mucho menos tratar de expulsar a familias simplemente por su estatus migratorio. Esta tarea –insisto— corresponde única y exclusi-vamente al gobierno federal. El no actuar así representa una franca violación a nuestra propia Constitución y se convierte en una acción de rebeldía en contra de nuestro propio gobierno.

Ahora queda más claro que nunca, tal y como lo identificó la Corte de Apelaciones, que la ordenanza de Farmers Branch tenía la plena intención de discriminar contra los latinos.

Por tal motivo, ante tan severa derrota, urgo al gobierno municipal de ese suburbio de Dallas a que acepte la decisión del tribunal federal y a que deje de gastar millonarias cifras en una defensa esteril de su criticada y anti-constitucional ley.
Basado en esta serie de violaciones a la Constitución y seguro de que la intención de esta ordenanza era discriminar, atacar y perseguir a los latinos, como diputado estatal por Dallas presenté ante la Cámara Baja una propuesta de ley para rechazar tan inhumana norma. En este esfuerzo legislativo debo reconocer que encontré una férrea oposición a mi iniciativa por parte de parlamentarios republicanos. Sin embargo, como ha sido siempre mi compromiso en defensa de los derechos de los inmigrantes, no descansaré hasta que todo ese tipo de leyes o propuestas sean derrotadas y aniquiladas en el Congreso de Texas. Esa es, ha sido y será siempre con los latinos mi responsabilidad como diputado méxicoamericano.

Por eso digo con firmeza que Texas no será Alabama, Pensilvania, ni mucho menos Arizona.