Una iniciativa que votará próximamente el pleno del senado estatal podría finalmente
poner freno a la una escalada de precios de alquiler de vivienda que se disparó en la última
década en California.

La propuesta está por votarse desde el 11 de julio y se espera fácil aprobación en el senado,
antes de ser enviada al gobernador Gavin Newsom para que la firme y la convierta en ley
que entre en vigor el próximo primero de enero.

La propuesta dice que los arrendadores no podrán aumentar la renta en más de 7 por
ciento anual más aproximadamente 2.1 por ciento que es el incremento anual en la carestía
de vida.

De convertirse en ley, con la clasificación AB1482, la iniciativa también por primera vez
impedirá que los arrendadores expulsen de las viviendas a sus inquilinos a menos que haya
razones de peso.

Un arrendador actualmente puede aumentar el precio de renta de forma arbitraria y si el
inquilino está en desacuerdo, expulsarlo para rentar a alguien que pueda pagar más.

El condado de San Diego tiene uno de los promedios de renta más altos en el país y el tercer lugar en el estado de California luego de San Francisco, que tiene la vivienda más cara, y del área de Los Ángeles.

La renta promedio en San Diego para un departamento modesto fue de 2,237 dólares mensuales en el pasado mes de junio. El sitio especializado RentJungle estima que este mes incrementará por o menos otros siete por ciento, para alcanzar los 2,393 dólares mensuales.

Ese precio inalcanzable para muchas familias.

Para dar una idea que usan organizaciones defensoras de inquilinos, una persona que gana el salario mínimo en California con tiempo completo percibe unos dos mil dólares mensuales, pero después del descuento de impuestos se reduce a alrededor de 1,300 dólares al mes.

El salario de dos personas que ganan el mínimo de tiempo completo, que son en total unos 2,600 dólares, es insuficiente si se descuenta la renta de 2,393 dólares y quedan 203 dólares para el resto de los gastos de ambos.

David García, un investigador del tema de la vivienda en la Universidad de California en Berkeley (UCB), calcula que la ley de control de rentas podría beneficiar a lo inmediato a más de cuatro millones y medio de inquilinos.

Dijo que poner límite a los costos de vivienda permitirá a muchos californianos emplear recursos en prioridades como la salud.

Pero las asociaciones de propietarios y de agentes de bienes raíces en California se oponen a la propuesta de ley.

Incluso algunos arrendadores intentan elevar lo más que pueden las rentas ante la perspectiva de que la nueva ley será aprobada para beneficiar a las familias trabajadoras.

La Prensa San Diego recibió por lo menos una denuncia de un incremento sorpresivo de 30
por ciento en renta en un pequeño apartamento en Sherman Heights.

El incremento fue sin aviso previo y sin presentar ninguna justificación. La inquilina dijo temer que fuera expulsada de la vivienda si se identificaba como la persona que se quejó.

“En lo personal es un grave problema, porque ahora voy a trabajar tiempo completo nada más para pagar mi renta; no sé que voy a hacer con el resto de los gastos”, dijo.