El gobierno de México habría ayudado a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a elaborar un archivo de periodistas, abogados y activistas que presuntamente habrían ayudado a migrantes a cruzar la frontera el año pasado.

La declaración contradice a la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez, quien hace poco más de dos meses negó la participación de autoridades mexicanas en la compilación de datos de 59 periodistas, abogados y activistas.

CBP informó en una carta en respuesta a periodistas que presionaron por esa información que “un número de periodistas y fotógrafos fueron identificados por la policía federal mexicana, porque posiblemente asistieron a migrantes a cruzar ilegalmente la frontera”.

Según CBP, las autoridades mexicanas apoyaron esa investigación porque la caravana que llegó a fines del año pasado a Tijuana tuvo índices inusuales de agitación.

El caso de la presunta investigación a periodistas se conoció hace unos meses, cuando dos abogadas de la organización Al Otro Lado fueron impedidas de entrar a México por Tijuana y el aeropuerto de Guadalajara porque sus documentos migratorios presuntamente tenían alertas emitidas por Estados Unidos.

Lo mismo ocurrió casi simultáneamente con dos fotógrafos, uno español pero que trabaja para medios estadunidenses, y la otra canadiense estadunidense; a ambos les impidieron ingresar a México por supuestas alertas en sus documentos.

De acuerdo con periodistas con quienes platicó La Prensa San Diego entre noviembre y diciembre, no fue la policía federal sino agentes “de enlace” de la policía municipal de Tijuana quienes exigieron mostrar documentos a fotógrafos y periodistas que se encontraban en la frontera para documentar cuando cruzaban grupos de migrantes.

Fueron esos policías de Tijuana quienes tomaron fotos con celular a los documentos de los periodistas.

Por otra parte la organización de abogados Al Otro Lado ha denunciado en varias ocasiones abusos de policías de Tijuana contra migrantes que llegan a la ciudad para cruzar la frontera para solicitar asilo.

La policía federal mexicana no respondió a lo inmediato a solicitudes de medios sobre esta nueva versión de CBP.

La otra institución mexicana que se vincula con CBP, el Instituto Nacional de Migración, había explicado anteriormente a condición de anonimato que impidió la entrada a México de las dos abogadas y los dos fotógrafos con base en la alerta en sus documentos, pero que desconocía las razones de esa alerta “que deben de arreglar en Estados Unidos”.

Varios de los periodistas integrados en esa lista informaron que cuando cruzaban la frontera eran enviados a revisión detallada durante horas.

Las autoridades fronterizas estadounidenses les informaron que debían inspeccionarlos “como parte de una investigación de seguridad nacional”, pero sin proporcionar mayores detalles.