Cuando  Anthony Tangemann,  director de la Oficina de Detención y Remoción (DRO), del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ordenó la realización de la Operación Endgame (Final del Juego) en el verano de 2003, movió las piezas de ajedrez que tienen hoy a los 11 millones de indocumentados contra el filo de la deportación.

    El proyecto, que contemplaba la expulsión del país de todos los indocumentados entre 2003 y 2012, no cumplirá la meta para la fecha fijada, pero si sentó las bases para confeccionar la pesadilla que viven los inmigrantes que carecen de papeles.

    La Operación Endgame apuntaba, además de las actividades de arrestos, crear un ambiente de respaldo a las acciones de deportación por parte de los ciudadanos estadounidenses, tener nexos con organizaciones de base y entidades no lucrativas y mercadear las instancias de éxito del plan.

    Además, para ejecutar el Final del Juego se proyectaba continuar la contratación de cárceles privadas para internar a los indocumentados, como ha ocurrido reiteradamente.

    Partiendo del plan se dio la espiral de expulsiones que fue subiendo en cada año fiscal: 2003, 155,874; 2004, 173,777; 2005, 179,165; 2006, 206,177; 2007, 288,663; 2008, 349,041; 2009, 387,790; 2010, 392,862; y 2011, 396,906.

    Desde 2003 hasta la terminación del año fiscal de 2011, en septiembre pasado, las autoridades de inmigración sacaron del país a más de dos millones y medio de indocumentados.

    La deportación masiva ha sido respaldada por organizaciones de base y entidades no lucrativas antiinmigrantes, que se han dedicado a generar las leyes estatales y locales que se han venido copiando para hacerle la vida un yogur a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio, con medidas destinadas a arrestarlos por “sospechas”, impedirles trabajar, transportarse, ser transportados, alquilar o adquirir vivienda, estudiar en instituciones de educación superior, estigmatizar a niños y padres de familia,  e incluso abrogar el derecho a la ciudadanía a los nacidos aquí, que sean hijos de indocumentados.

    El congresista Luis Gutiérrez se quejaba en el programa de televisión dominical con Jorge Ramos de lo que vio durante una visita a Alabama, donde el imperio del terror generado por la ley estatal HB 56 le cercena la posibilidad a los inmigrantes hasta de tener servicio de energía, en el marco de una atmósfera que recuerda las abominables leyes Jim Crow, que discriminaban contra los afroamericanos, aún después de que se decretó la liberación de los esclavos, en la segunda mitad del siglo XIX.

   Detrás de ese ambiente cruel contra los indocumentados latinos está lo planteado por la Operación Endgame, para que los extranjeros sin papeles que no sean ubicados, aprehendidos, procesados y deportados, se aburran y se vayan.

   Por eso en Carolina del Norte, un grupo de representantes a la Cámara republicanos y demócratas han creado un comité sobre política de inmigración, del que no se anticipa que salga algo diferente a hiel en contra de los indocumentados.

   Para mi sorpresa, en el otro lado del país, en California, un grupo de líderes hispanos está planteando una respuesta a contracorriente del espíritu antiinmigrante que padece el país. El Congreso Latino está proponiendo que se dé permiso de trabajo a los indocumentados de bien. La idea es recolectar 700 mil firmas, para poner la iniciativa a disposición de los votantes en las elecciones de 2012. Los impulsores de la propuesta creen contar con el 63% de los electores y la medida favorecería a dos millones y medio de extranjeros que carecen de papeles. Esta es una movida ingeniosa para ponerle freno al desastre iniciado por la Operación Endgame y no se dé el final del juego.

Rafael Prieto Zartha es el director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte.