El gobierno de Estados Unidos deberá iniciar de forma inmediata con el proceso para reconsiderar las solicitudes de asilo de las familias que fueron separadas en la frontera, luego de una orden emitida esta semana por un juez de San Diego.

Bajo el acuerdo alcanzado entre abogados del Departamento de Justicia y los grupos legales que representan a padres y niños afectados por dicha política, el gobierno de Donald Trump deberá conceder a estas familias una nueva entrevista para que puedan pelear sus casos.

El juez Dana Sabraw, quien preside el caso en la corte federal de San Diego aprobó el pasado 9 de octubre dicho acuerdo, aunque de forma preliminar, dando un plazo para que se pudieran presentar objeciones antes de que éste sea firmado de forma definitiva a mediados de noviembre.

Sin embargo, los abogados de las familias separadas solicitaron ante el juez no tener que esperar hasta entonces, principalmente para unos 60 inmigrantes que se encuentran recluidos en un centro de detención y que ya han presentado la documentación necesaria para volver a tener su entrevista.

Por su parte, el gobierno federal se opuso a la implementación inmediata del plan argumentando que existía la posibilidad de que se presentara una objeción que truncara la aprobación definitiva.

Al firmar la orden, el juez Sabraw reconoció que hay una “posibilidad teórica” de que los miembros de la demanda colectiva pudieran presentar una objeción ante la corte, aunque señaló que hasta ahora “no hay ningún indicio de que eso sucederá”.

En dicho acuerdo, el gobierno acepta dar orientación a inmigrantes que tendrán otra entrevista de “miedo creíble” para demostrar persecución dentro de los primeros tres días en que presenten un formulario en donde acceden a pasar por dicho proceso.

Por ello, que abogados insistieran en el caso de al menos 60 personas que se encuentran en detención que ya han cumplido con dicho requisito.

Sabraw resaltó que “el tribunal ordena a los demandados que comiencen con el proceso de asilo previsto en el acuerdo para aquellos miembros de la demanda colectiva que están en detención y que hayan presentado un formulario con su elección”.

De forma extraoficial, se estima que cerca de mil inmigrantes que contaban con una orden de deportación tras haber sido separados de sus familias en la frontera se verán beneficiados por este mandato judicial.

Los abogados que los representan pudieron convencer al juez de que las familias se vieron afectadas por la separación lo que les hizo perder la atención a sus solicitudes de asilo, que fuera la razón por la cual llegaron a la frontera desde un principio.

Con este acuerdo, se permitirá que una vez reunificadas, las familias puedan permanecer en el país mientras se evalúan sus peticiones.

Hasta ahora, la administración del presidente Donald Trump ha reunificado con sus padres a 2 mil 363 de los 2 mil 654 menores de los cuales tomó custodia en la frontera, en gran medida por la implementación de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración irregular.

En audiencia realizada esta semana, el juez urgió a ambas partes a la pronta localización de los padres que fueron deportados sin sus hijos para que también conozcan sus opciones: ya sea que el menor les sea trasladado a su país de origen o si optan porque éste permanezca en Estados Unidos con algún familiar o tutor para que puedan pelear por su cuenta su caso de asilo.