Las organizaciones que demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por enviar a centroamericanos a Tijuana y otras ciudades fronterizas dijeron en la corte federal que ese programa es ilegal y que intenta obstaculizar que los migrantes consigan asilo.

Indicaron que, por ejemplo, el plan no garantiza que los migrantes van a contar con abogados o intérpretes de idiomas.

Los tres grupos nacionales que presentaron la demanda colectiva desplegaron sus argumentos.

El programa sin precedentes en la política migratoria estadunidense “pone de cabeza todo el proceso de protección” para las personas que buscan asilo, de acuerdo con un argumento de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu).

La seguridad de los solicitantes de asilo queda en manos de autoridades mexicanas.

Cada organización por separado dijo ante la corte que el programa es ilegal, reiteraron testimonios de migrantes de ese programa a quienes la policía de Tijuana robó y amagó, si se negaban a dar dinero, con desaparecerles sus documentos, incluidos permisos para regresar a la corte a Estados Unidos.

La demanda es a nombre de once migrantes que fueron enviados a Tijuana a aguardar citas para audiencias ante cortes de migración en San Diego.

El abogado Blaine Bookey, director legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados, dijo que el programa llamado Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como “permanecer en México”, “el retorno forzoso de los solicitantes de asilo a México es ilegal y se burla del proceso de asilo”.

Dijo que la implementación ha sido desastrosa, especialmente porque para las primeras audiencias la corte cambió la fecha y no pudo avisar a tiempo a los migrantes en México, por lo que dos de ellos faltaron a la cita y, por ese motivo, la fiscalía quería deportarlos.

La subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Judy Rabinovitz, dijo este viernes a la corte que el plan del gobierno es dificultar el otorgar asilo a las personas que legalmente lo solicitan.

Pero insistió en que por más que el gobierno lo intente, “no puede eludir la ley para impedir que las personas que escapan del peligro y la persecución busquen asilo en los Estados Unidos”.

Por su parte, la abogada de la tercera organización que demanda a la administración Trump, Melissa Crow, del Centro Sureño para la Defensa Legal de la Pobreza, dijo que es un programa “inhumano e ilegal del gobierno de Estados Unidos”.

Argumentó que “cada momento que se implementa, pone en peligro las vidas y el bienestar de los solicitantes de asilo vulnerables y hace que sea prácticamente imposible para ellos presentar sus casos ante los tribunales”.

El magistrado ahora deliberará las versiones de los abogados y de la fiscalía que representa al gobierno antes de emitir una decisión.

Si el juez lo ordena, el proyecto sería suspendido y los migrantes dejarían de ser enviados a Tijuana y Mexicali, entre otros puntos fronterizos.

No hay un plazo específico todavía para que el magistrado dé a conocer su decisión.

En el último reporte de autoridades estadunidenses, mediante el programa han sido enviados a aguardar en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez a 240 migrantes, incluidas varias familias.