Después del temblor del pasado 19 de septiembre que cimbró varios Estados de la república, con efectos particularmente dañinos en la Ciudad de México, el paso obligado es plantear la reconstrucción a partir de diferentes criterios, quizá el más importante sea la recomposición del presupuesto de egresos del año venidero. Por lo menos, esa prioridad se instaló en el discurso oficial según lo declarado recientemente por el Secretario de Hacienda.

Sin dejar de reconocer que esa es una tarea de obvia urgencia, también debe ser un tema que exige mayor análisis para no confundir lo inmediato con lo prioritario. Es cierto que el dolor humano es preocupación central y no se puede regatear la ayuda, pero no debe ser motivo para esquivar acciones que también son de importancia crítica para millones de personas que requieren de atención para aliviar las circunstancias de marginación y pobreza atávicas.

México pasó, en cifras gruesas, de una población de 14 millones de habitantes en 1917 a 130 millones para 2017 según estimaciones recientes del INEGI. Es decir, en cien años ha crecido 10 veces la población en el mismo espacio.

Pero no sucedió de la misma manera en la disponibilidad de recursos, mismos que se concentran en el 0.08 por ciento del territorio nacional que es la superficie de la Ciudad de México, (mil 542 kms2), la cobija no puede ampliarse frente a ingresos limitados. Corresponde entonces al gobierno, tomar medidas prudentes para distribuir los recursos escasos a fin de solventar las enormes necesidades acumuladas en materia de igualdad social e inseguridad y al mismo tiempo encaminar el esfuerzo constructivo a mejores niveles de competencia.

La meta de una distribución federalista equitativa de los recursos, acordes al esquema institucional prevaleciente, se ha visto tradicionalmente vulnerada por la óptica centralista del gobierno federal que destina la mayor parte de los recursos precisamente al movimiento contrario que es concentrar en poco espacio la inversión en infraestructura; para no ir más lejos en el corredor Ciudad México-Toluca-Texcoco, se han invertido enormes recursos para la construcción de un nuevo aeropuerto, un tren sub-urbano y autopistas que acompañan esos proyectos. El tiempo prácticamente se ha consumido para este sexenio y aún quedan lejos las fechas de inauguración y operación previstas; si acaso también la terminación y continuidad de esas faraónicas obras sueño del grupo en el poder.

En el otro extremo, en la zona Tijuana-San Diego se ha mejorado la funcionalidad económica con una modesta obra que facilita el flujo migratorio entre las Californias, espacio que genera la mayor productividad regional a nivel mundial; 6 millones de habitantes generan un producto superior a los 230 mil millones de dólares anuales.

Este tipo de contrastes bastarían para que los decisores de las oficinas centrales de la Ciudad de México, tanto los del ámbito del poder Ejecutivo como del Legislativo reaccionaran, y con una mentalidad realmente de cuerpo federal, integrarán un proyecto de desarrollo que beneficie a todo el país: las reglas son por demás claras: disponer recursos para dar mantenimiento a lo deteriorado, terminar las obras en curso priorizando las efectivamente útiles en materia de integración nacional y sólo impulsar nuevos proyectos que tengan impacto regional en el Norte, el Sur y el Centro. Ojala que los recursos no se consuman en actividades electorales improductivas que sólo benefician a una camarilla que merma los recursos aportados por todos.