Es una tautología considerar que una reconstrucción es una acción que se desarrolla porque una estructura, una institución o una maquinaría han llegado a la obsolescencia o han dejado de funcionar porque algún elemento, interno o externo, las ha dañado irreversiblemente.

Los recientes fenómenos naturales que se han experimentado con espectacular y desmedida fuerza; destacadamente ciclones, sequías y movimientos telúricos, han exigido a gobiernos y ciudadanía emprender acciones para rescatar, reponer y/o rehabilitar activos perdidos o dañados.

Bien es cierto que esto exige la utilización de recursos no programados (fondos para enfrentar contingencias), también que existen protocolos para orientar ayudas con oportunidad y suficiencia. Muchos países y regiones se han aplicado pronto y bien para sustituir construcciones con mejores tecnologías y funcionalidad. Países como Japón y Chile son ejemplo de la tenacidad inteligente, comprometida y eficiente para enfrentar daños que infringe una naturaleza hostil.

La solidaridad es un componente que lubrica las labores de reconstrucción que rebasan, la más de las veces, a autoridades que no logran ofrecer soluciones expeditas e integrales, o que por ineptitud, irresponsabilidad y corrupción diluyen los auxilios locales e internacionales.

La República Mexicana está erigida en una zona de elevada inestabilidad geofísica, sendas cordilleras dan cabida a un cinturón volcánico donde el movimiento y ajuste de las placas continentales provocan, intermitentemente, asentamientos y temblores de variadas magnitudes.

Los registros históricos consignan los de mayor relevancia: como el de 1957 que impactó la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el centro de mayor población urbana del país. En aquella ocasión fue emblemática la caída de la estatua de la Independencia y de algunos edificios céntricos, pero para fortuna fueron menores las cifras de bajas humanas.

Más adelante, en septiembre de 1985, los temblores volvieron azotar la región central y, ahora si, con daños cuantiosos y sin la certeza del número de pérdidas humanas que, en el imaginario social se elevaron a miles de capitalinos. En aquella fecha, los gobiernos federales y locales no tuvieron capacidad de respuesta, desaparecidos de hecho con la misma figura de un presidente timorato que fue rebasado por una ciudadanía solidaria y comprometida. La ciudad se erigió con coraje y sudor y pudo volver, en poco tiempo, a recuperar su operatividad, aunque desde entonces precaria y muy caótica.

Desde entonces, autoridades que provienen de diferentes partidos han sido incapaces de darle a la ciudad, y al país, un orden urbano inteligente. La indiscriminada emisión de permisos de construcción promovidos por voraces desarrolladores convirtieron a las ciudades en masas informes, mal comunicadas y pésimos servicios públicos. En ese contexto, era de esperar que la reciente actividad sísmica produjera graves e irreversibles daños a una población que no es atendida con la mínima consideración y respeto.

Ahora y sin ningún recato, están saliendo a buscar el voto ciudadano personajes que no tienen el perfil, capacidad y mérito para emprender una reconstrucción integral que ataque frontalmente las necesidades de vivienda digna y de calidad, de un mobiliario urbano y de los vasos comunicantes de una comunidad que cada día está más desvinculada y sin la fuerza para enfrentar sus múltiples carencias y retos.

Es tiempo de que se realice una cuidadosa revisión de la oferta política de quienes buscan ocupar cargos públicos para no caer en los que hoy inician la graciosa y cómoda huida en búsqueda de protección para disfrutar sus pírricas y mal habidas ganancias, o de los que parte de camarillas se aprestan al asalto de las nóminas y presupuestos oficiales.