Estados Unidos pondrá en vigor la medida más severa hasta ahora contra la migración legal, al comenzar a negar y cancelar la residencia legal a quienes hagan uso de servicios de asistencia social, una decisión que en todo el sur de California impactaría más a los inmigrantes mexicanos.

La nueva medida conocida como “carga pública” comenzará a mediados de octubre para negar residencia a quienes tengan que hacer uso de servicios como el programa de salud Medicare para personas de bajos ingresos, o a quienes reciban asistencia alimenticia u otras formas de ayuda oficial.

Según la medida, perderían la residencia quienes hagan uso de servicios durante 12 meses dentro de un plazo de 36 meses, pero si, por ejemplo, echaron mano en un mismo mes de dos tipos de asistencia social, como estampillas de comida y Medicare, cuenta como dos meses.

La medida afectará a lo inmediato a dos millones 380,000 residentes legales mexicanos, que son el 20 por ciento de los inmigrantes legales para residir en el país, los portadores de la popularmente llamada “mica”.

Uno de cada cinco residentes legales es de origen mexicano, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew en Washington.

La nueva regla, que es idea del principal asesor de la agenda de migración del presidente Donald Trump, Stephen Miller, también impacta a millones de inmigrantes mexicanos que tienen trámites de residencia legal por la vía de la “reunificación familiar”, por ejemplo de un ciudadano que pide que resida legalmente sus padres o hermanos.

El 65 por ciento de más de un millón de inmigrantes que recibe cada año la residencia legal la adquiere por reunificación familiar. El 14 por ciento son refugiados y otro 14 por ciento empleados, el cinco por ciento son parte de un programa de diversidad de visas y el tres por ciento por otras diversas razones.

La administración Trump ha declarado reiteradamente que desea que la base principal de la inmigración legal sea por mérito, no por reunificación familiar.

La medida de “carga pública”, que ya se publicó y entrará en vigor en dos meses, dice que Estados Unidos quiere inmigrantes autosuficientes y que aporten al país.

El director interino de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, declaró que “queremos personas que vengan a este país que sean autosuficientes; ese es un principio fundamental del sueño americano, que está profundamente arraigado en nuestra historia, y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.

Independientemente de la nacionalidad de origen, el cambio impactará en la mayoría de los inmigrantes legales.

Por ejemplo, si un inmigrante requiere hospitalización y carece de seguro de salud, podría pedir que le ayude el programa Medicare, pero perdería la residencia legal permanente; si en cambio prefiere pagar la cuenta, costaría desde varios miles hasta cientos de miles de dólares, según la gravedad, cantidades inalcanzables para la mayoría.

Una de las escasas excepciones a la nueva medida es para inmigrantes embarazadas, a quienes concede asistencia sin penalización durante el periodo de gestación y hasta 60 días después del parto.

La decisión exenta también a refugiados y a personas acogidas a ajuste por origen cubano.

Aunque los mexicanos no son los únicos afectados por esta próxima medida, si son la mayoría de los residentes legales en la región.