Xavier Becerra, procurador general de California, advirtió que la nueva medida de la administración del presidente Donald Trump contra inmigrantes legales impactará severamente al estado pues “la mitad de los niños de California tiene por lo menos un padre inmigrante”.

Bajo la nueva “regla de carga pública”, los residentes legales en Estados Unidos que son padres de menores estadounidenses, pueden perder su condición migratoria si llegan a solicitar servicios sociales de salud o asistencia, aun si son servicios para sus hijos.

El procurador Becerra dijo que es una medida “bloqueará el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes de bajos ingresos”, además de que “desalienta a los inmigrantes a pedir programas críticos de salud, nutrición y vivienda, y pone en peligro el bienestar de las familias trabajadoras, incluidas las mujeres, los niños”.

Estas son estadísticas que proporcionó el procurador sobre comunidades que afectará la nueva medida.

En California la agricultura es la principal actividad económica y descansa casi exclusivamente en manos de inmigrantes mexicanos.

“El 95% de los trabajadores agrícolas de California son inmigrantes. La escasez de mano de obra en este sector ya es tan grave que los agricultores se han visto obligados a dejar que el 20 por ciento o más de sus cultivos se pudran en el campo debido a la falta de trabajadores”, informó el procurador.

“California tiene el porcentaje más alto de trabajadores de la construcción inmigrantes en la nación con 42 por ciento. Entre otras cosas, la escasez de mano de obra pone en peligro la capacidad de California para prepararse para desastres naturales”, advirtió.

Dijo que “el 39% de los proveedores de cuidado infantil y educación temprana en California, 81 mil personas, son inmigrantes. Los niños dependen de estos proveedores para recibir atención y educación, y los padres requieren estos servicios para mantener su propio empleo”.

Además, “los inmigrantes representan el 33 por ciento de la fuerza laboral de atención médica de California, el doble del nivel nacional”.

Por su parte la presidenta del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, Lilian Serrano, destacó que con la nueva medida, “Trump desmantela la red de seguridad de nuestra comunidad como parte de su agenda electoral”.

En Los Ángeles, Angélica Salas, la directora de la Coalición de Los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés), destacó que “este cambio de reglas es cruel, innecesario y subraya el objetivo claro de la agenda blanca, nativista y xenófoba de la Administración de Trump: mantener alejados a todos los inmigrantes”.