Un juez federal ordenó que el gobierno estadounidense frene la práctica de separación de padres e hijos en la frontera y dio un lapso no mayor a un mes para reunificar a miles de familias que pasaron por ello.

El juez de distrito Dana Sabraw de San Diego concedió la petición de la demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a nombre de una mujer originaria de Congo que fue separada de su hija una vez que se entregó en la garita internacional de San Ysidro para solicitar asilo político.

“Esta decisión es una gran victoria para padres e hijos que pensaron que quizá nunca volverían a verse”, señaló Lee Gelernt, abogado de la ACLU en el caso. “Las lágrimas fluirán en los centros de detención de todo el país cuando las familias sepan que serán reunificadas”, agregó.

A consecuencia de la demanda, la mujer que encabeza el litigio, quien es identificada únicamente como “Señora L”, pudo reunirse nuevamente con su hija de siete años quien había sido llevada a un albergue para menores en Chicago.

El mandato de la corte establece que agentes migratorios deben dejar de separar familias y otorga un lapso para reunificar a padres con hijos menores de cinco años y hasta treinta días para niños mayores de dicha edad. A su vez, el juez ordenó que el gobierno permita que padres se comuniquen con sus hijos vía telefónica en un periodo no mayor a diez días.

Sabraw, quien fuera asignado por el presidente George W. Bush, también prohibió la deportación de padres sin sus hijos, además que de ahora en adelante, únicamente se podrá separar a un niño sólo si se comprueba que el padre representa un riesgo para su bienestar.

La acción legal en contra del gobierno estadounidense fue presentada en corte a mediados de marzo, previo a que la administración anunciara la política de “cero tolerancia” que derivó en que unos 2 mil 300 niños fueran alejados de sus padres.

Luego de la presión social y críticas tanto a nivel nacional como internacional, el presidente Donald Trump firmó un decreto para dar marcha atrás a dicha práctica, aunque sin detallar el lapso para que los menores regresen con sus padres.

El juez hizo mención a que la situación bajo la cual se dividieron miles de familias en los últimos meses ha alcanzado “un nivel de crisis”.

“Los medios de comunicación están saturados con historias de familias migrantes que han sido separadas en la frontera. La gente está protestando. Funcionarios electos están involucrándose. El Congreso está amenazando con acción. Diecisiete estados ya han presentando una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos cuestionando la práctica de separación de familias”, indicó Sabraw.

También, fue crítico con la implementación de este protocolo por parte del gobierno de Trump, al considerar que careció de un sistema para rastrear a los niños que fueron separados de sus padres y que éstos pudieran reunirse una vez que concluyera su proceso legal.

El gobierno estadounidense, habría adoptado esta política para disuadir el cruce de indocumentados desde la frontera sur, por lo cual, había advertido que aquellos que viajaran con menores serían separados.

Ambas partes del litigio deberán presentarse nuevamente en la corte federal de San Diego el próximo 6 de julio.