La osadía de los que abominan a los indocumentados supera los límites de la imaginación y para ratificar esta premisa a un político local del estado de Washington se le ha ocurrido que la solución para acabar con la “inmigración ilegal” es aplicar la pena capital a los que no tienen estatus migratorio.

    Esa es la propuesta de Loren Nichols, aspirante al concejo municipal de la localidad de Kennewick, una ciudad de 78 mil habitantes, donde están radicados 18 mil hispanos, en su abrumadora mayoría mexicanos.

    “A los ilegales se les debería haber disparado en la frontera”, dijo el veterano de guerra de 55 años a la estación de televisión local KEPR.

    Previamente, Nichols había sido explicito sobre el establecimiento de la pena de muerte en una entrevista radial de 15 minutos en la emisora local KONA.

    Su plan, propone darle 30 días a los indocumentados para que se vayan de Kennewick si es que “aprecian sus vidas”.

    El político sugirió que la ciudad pague mil dólares por cada indocumentado, que los ciudadanos entreguen a las autoridades locales.

    Contrario a lo que ha pasado con otros políticos, que han dicho que sus exabruptos han sido meros dislates, Nichols ha ratificado su posición a varios medios de comunicación.

    Al periódico Everett Herald le dijo que con “una muerte o dos se atraerá atención”, es decir que los indocumentados entenderán el mensaje y se largarán.

    Para Nichols, la presencia de “ilegales” en Estados Unidos constituye literalmente una violación del país.

    Aunque suene que su idea sea la de un loquito y sea improbable que la pena de muerte se aplique alguna vez contra los indocumentados, el que alguien contemple la adopción de una medida como esa es preocupante.

    Y es asustante porque no es la primera vez que un político dice que hay que echarle bala a los “ilegales”. Además, de que las palabras no han salido de personas con un perfil tan bajo como el de Nichols.

    En marzo pasado, el representante republicano a la Cámara Estatal de Kansas, Virgil Peck, dijo durante una reunión del Comité de Apropiaciones que a “los inmigrantes legales se les debería disparar desde helicópteros como a los cerdos”.

   Como disculpa Peck indicó que estaba bromeando cuando soltó la frase y que estaba hablando solo como una paisano del sureste de Kansas.

   En el otoño de 2010, representante republicano a la Cámara estatal de Georgia, John Yates, veterano de la Segunda Guerra Mundial, sostuvo durante un foro de candidatos, que la solución para parar la “inmigración ilegal” era “tirar a matar”.

   Yates, quien se ratificó en su posición, propuso lanzar volantes en territorio mexicano, advirtiendo a los que tuvieran la intención de cruzar la frontera ilegalmente que se les mataría.

   También, sugirió movilizar a la Guardia Nacional a la frontera y contener la “invasión” de la misma manera que se contuvo a Hitler y la Alemania Nazi en la última guerra mundial.

   Más recientemente, en julio pasado, el representante estatal a la Cámara de Alabama, Mo Brooks, expresó que haría cualquier cosa diferente a dispararle a los “inmigrantes ilegales” con tal de sacarlos de su estado.

   Este domingo 14 de agosto, durante una conferencia del sheriff del condado arizoniano de Cochise, Larry Denver, en Statesville, Carolina del Norte, uno de los asistentes sugirió sonriente usar armas de fuego contra los “ilegales”.

   Mientras no haya una voluntad nacional de resolver el problema migratorio seguirá la monserga antiinmigrante que le da menos valor a los indocumentados que a los perros.

   Es por eso que el presidente Barack Obama está en deuda con los millones de hispanos que votaron por él en noviembre de 2008, confiados en que el mandatario iba a cumplir su promesa de lograr una reforma migratoria, y no una deportación masiva.