El gobierno de Estados Unidos trabaja a contrarreloj para cumplir con una orden judicial y entregar a 2 mil 551 menores migrantes que fueron separados de sus padres de la frontera antes de que se cumpla el plazo establecido por la corte federal de San Diego.

El juez Dana Sabraw concedió hasta el próximo jueves 26 de julio para que la administración del presidente Donald Trump reúna a miles de niños entre 5 y 17 años que fueron separados “de manera impropia” de sus padres.

El gobierno federal ha accedido a simplificar el proceso de reunificación para cumplir con el mandato dentro del plazo establecido, luego de que fallara en hacer lo propio con el primer grupo de 103 niños menores de cinco años que tenía bajo su cuidado.

Para ello, se accedió a que las pruebas de ADN fueran utilizadas únicamente como último recurso para comprobar parentesco. Bajo el plan de reunificación, los padres que pasen por una investigación de antecedentes o una evaluación para comprobar que no sea un peligro para el menor.

Posteriormente, se realiza una entrevista de 15 minutos en la cual, el padre debe comprobar su deseo de ser reunificado con su hijo. De no encontrarse algún impedimento, el menor sería llevado con su padre dentro de las próximas 48 horas.

Chris Meekins, un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), había expresado ante la corte su preocupación de que al agilizar el proceso se pondría en riesgo al menor, pero el juez Sabraw rechazó dicho argumento, el cual dijo está fuera del contexto de este caso.

El juez concedió la petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organismo que interpuso la demanda colectiva en nombre de inmigrantes que atraviesan esta situación, de frenar temporalmente la deportación de familias recién reunificadas.

Este organismo defensor de derechos humanos ha identificado “más de cien casos” de padres que ya han sido repatriados, mientras que sus hijos continúan en custodia de autoridades estadounidenses.

Si bien, no se tiene conocimiento de casos en que el gobierno haya procedido a deportar una familia inmediatamente después de su reunificación, abogados han actuado para no correr ese riesgo y que migrantes tengan tiempo suficiente para tomar decisiones informadas y sin presiones.

“Una vez más, el juez ha dejado en claro que el gobierno tomó a estos niños de forma anticonstitucional y ahora, debe hacer todo lo que esté en su poder para reunificarlos de forma segura y dentro del plazo establecido”, subrayó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

La orden de no deportación se mantendrá hasta el próximo lunes 23 de julio, y posteriormente, el gobierno podrá presentar ante el juez su objeción.

Sabraw se ha mantenido vigilante de los tiempos y por ello, ha fijado dos audiencias para ser actualizado del progreso antes de que concluya el plazo, y una más para el día posterior a la fecha en que el gobierno debe concluir con las reunificaciones.

Mientras tanto, el gobierno podría haber invertido millones de dólares para enmendar las consecuencias de la política de “cero tolerancia” contra la inmigración de indocumentados. De acuerdo con un reporte del sitio Politico, la HHS pudo haber invertido en los últimos dos meses por lo menos 40 millones de dólares de su presupuesto en el cuidado y reunificación de niños migrantes.

Para activistas, este litigio evidenció que no había un plan para reunificar a las familias que fueran separadas en la frontera. “Eso es lo más preocupante”, resaltó Benjamín Prado, activista con el Comité de Amigos Americanos en San Diego.