El pleno del congreso puede deliberar desde esta semana una propuesta que ya aprobó el comité judicial para dar acceso a la ciudadanía estadunidense a unos 800,000 beneficiarios del programa DACA, también conocidos como “Dreamers”, estos en su mayoría de origen mexicano, y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), en total unos dos millones de personas.

Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades Fronterizas, instó al congreso a aprobar la propuesta sin modificaciones, tal como la aceptó el comité judicial, para agilizar su aprobación.

La representante de comunidades a lo largo de la frontera también pidió que la iniciativa Acta del Sueño y Promesa, que concedería la ciudadanía estadunidense a los Dreamers, no se vincule con ninguna otra iniciativa sobre migración.

En los últimos dos años, la administración del presidente Donald Trump y la bancada republicana han supeditado leyes a favor de los dreamers a paquetes en que, por lo general, priorizan la aprobación de fondos para la construcción del muro fronterizo que el mandatario prometió en campaña.

Gaubeca dijo que aprobar la propuesta sería un paso hacia una reforma migratoria adecuada para el siglo 21.

Por su parte, la joven mexicana Itzel Guillén, beneficiaria del programa DACA, dijo que la aprobación de la iniciativa es urgente para la frontera, donde vive uno de cada cinco Dreamers y se aplican con mayor rigor las leyes de migración.

La autora de la propuesta, la congresista demócrata Pramida Jayapal, calculó que ahora hay unos 2.1 millones de beneficiarios de DACA.

El programa que creó con orden ejecutiva en el 2012 el expresidente Barack Obama proporcionó protección temporal renovable contra deportaciones para los jóvenes que habían llegado al país al acompañar a sus padres indocumentados y que crecieron con convicción de que Estados Unidos, el único país que conocían, era su patria.

Junto con esa propuesta, pasarán a pleno otra iniciativa que de aprobarse concedería ciudadanía a los beneficiarios de TPS, en su mayoría para migrantes centroamericanos y haitianos.

Esa iniciativa llega cuando la administración Trump ha calendarizado el final del TPS para migrantes de varias nacionalidades.

De aprobarse la propuesta, por ejemplo, la comunidad haitiana ya no tendría que abandonar el país dentro de unos meses, o quedarse como indocumentada en riesgo de deportación.

El congreso también deliberará una tercer propuesta aprobada por el comité judicial, para otorgar el TPS a refugiados venezolanos que lleguen a territorio estadunidense.

Para las tres iniciativas, la aprobación en el congreso con mayoría demócrata será más fácil que en el senado donde la mayoría republicana pudiera presentar oposición.

De acuerdo con cálculos de organizaciones nacionales estadunidenses, casi ocho de cada diez dreamers son de origen mexicano.

Uno de cada cinco vive en la zona fronteriza.

En California viven uno de cada cuatro dreamers y la mayoría de los beneficiarios del TPS.