Se ve con toda claridad –de arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha— que la nueva propuesta de un grupo de activistas radicales de la derecha atenta contra los derechos constitucionales de un sector de la ciudadanía.

 Su nueva meta ahora es negar la ciudadanía a los hijos de las personas indocumentadas. Esta propuesta no tiene otra intención que crear odio, racismo y volver al antro de la segregación.

 “Los ilegales y sus hijos cuestan al estado multi-millones de dólares. Es una invasión a través de la procreación”, dijo Barbara Coe, la misma persona que inició la campaña de la propuesta 187 en 1994, la cual tuvo como objetivo quitar los beneficios públicos a niños en edad escolar.

 Recordemos que el electorado californiano aprobó la propuesta 187 con un porcentaje de 59 a favor y 41 en contra. Empero, un juez federal lo halló inconstitucional.

 Del mismo modo, el nuevo plan de propuesta es prácticamente irrealizable e inconstitucional. Sin embargo, la morbosidad y el atrevimiento de la gente que la propone es lo que nos debe preocupar.

 Los líderes de estos grupos radicales pretenden utilizar la crisis económica como una carta para lograr el apoyo del electorado californiano. Es probable que logren acumular las firmas necesarias para que esta propuesta sea incluida en la papeleta de sufragio de las elecciones de 2010. En el peor de los casos, puede ser que el electorado californiano, al igual como ocurrió con  la Prop. 187, apoye esta propuesta racista.

 Sin embargo, la Constitución es muy clara con relación al tema de la ciudadanía. La enmienda 14 de la Constitución del Estado dice claramente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, por ende su jurisdicción, son ciudadanos de los Estado Unidos y del estado en donde [estas personas] residen”.

 Una enmienda a la Constitución del Estado es una tarea difícil y casi imposible de alcanzar. No es como en Venezuela o Bolivia, en donde los presidentes de estos países propusieron un plebiscito a nivel nacional a través de maniobras cuestionables y lograron cambiar la forma de gobierno.

 A simple vista, el grupo liderado por organizaciones ultraconservadoras, el cual incluye a Dana Rohrabacher, representante republicano de Huntington Beach, pretende –si se quiere— utilizar ese mecanismo latino-americano para cambiar la Constitución.

 Por cuestiones de estrategia, ignorancia y mala información, estos grupos no toman en cuenta que, para enmendar la Constitución, se necesita la aprobación de 2/3 de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados (representantes), la ratificación de 3/4 de los gobernantes de cada estado. Es decir los representantes y el gobernador de 37 de los 50 estados tienen que aprobar la enmienda por mayoría simple. Finalmente, se necesita la firma del Presidente.

 A estas alturas, es más fácil revivir a un muerto que cambiar la Constitución.

 De todos modos, la comunidad latina no puede quedarse con los brazos cruzados ante este nuevo atropello contra nuestros hijos. Los medios de comunicación y activistas políticos han recomendado que la participación política es fundamental para que nuestros derechos sean respetados. Por lo menos debemos apersonarnos a las cabinas de sufragio cuando el sistema democrático nos requiere hacerlo. Votar es una obligación moral.

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