Esta semana, la Corte Suprema de Justicia decidió, a través de volver a poner en las primeras páginas una de las grandes disyuntivas políticas de la sociedad norteamericana.

Fisher v. University of Texas contempla a la Acción Afirmativa, cuyas ramificaciones ha sido solemnizada por muchos y a la vez envilecida por otros.

En 2003, en otro caso polémico, Grutter v. Bollinger, la Corte Suprema de Justicia permitió, con un voto cerrado de 5 a 4, que las universidades todavía consideren a la “raza” como una variable apta en el proceso de admisiones.

La entonces magistrado Sandra Day O´Connor dijo que el gobierno tiene un apremiante interés en [apoyar] la diversidad.

Desde entonces, la ley de Acción Afirmativa ha sido sostenida por una cuerda delgadísima que día a día está en peligro de romperse.

Actualmente una mayoría de los magistrados tiene inclinaciones conservadoras. Cuatro de los nueve (John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito) se mantienen a la derecha del espectro político. Junto con Anthony Kennedy, quien a menudo se les une, tendrían todos los elementos para poner fin a la Acción Afirmativa en octubre de este año.

Una de las metas de esta ley fue dar oportunidad a los estudiantes pertenecientes a los grupos minoritarios el ingreso a las universidades del Estado. En este sentido, la educación secundaria es considerada como el motor para la mejora social y económica del individuo.

Antes de la implementación de esta ley, los grupos minoritarios fueron discriminados en forma sistémica y por el grupo dominante. Hoy el ingreso a las universidades es más laxo. Gracias a esta ley, la sociedad norteamericana goza de profesionales del sexo femenino, afroamericanos, latinos, asiáticos y otros grupos minoritarios.

La discriminación institucional ya casi ha sido diseminada. Sin embargo, algunos condicionantes estructurales que afectan el desarrollo de una persona todavía se mantienen en las escuelas, en el hogar y en las comunidades.

Una gran parte de los grupos minoritarios viven en ciudades afectadas por condicionantes sociales y económicos dañinos. Algunos lugares tienen problemas de pandillas. Por otra parte, las condiciones académicas en estas escuelas no son óptimas debido al periodo de reajustes económicos en contra del sector público. Asimismo, los profesores en estos distritos escolares no tienen estímulos económicos reales como para poner frente a los problemas que confrontan día a día. Y muchos familiares –padres y madres— no tienen los medios necesarios para educar a sus hijos. Algunos no tienen capacidad de comunicarse en inglés, otros ni siquiera tienen dominio del idioma español.

A primera vista es muy fácil señalar que la admisión en las universidades tiene que ser en base a los méritos del alumno. Empero, la realidad de nuestras sociedades nos indican que más allá de una decisión individual, existen factores estructurales que la persona, como tal, no tiene capacidad de cambiar. La Acción Afirmativa tiene la finalidad de considerar esas debilidades.

Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Ecomonics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com