En un poco más de 200 días tendrán lugar las elecciones federales y locales en México; el primero de julio del 2018 se ejercerá el derecho al voto en el marco de una democracia en permanente vías de renovación y esperado fortalecimiento.

Es una fecha muy cercana para un país inmerso en una dinámica que registra muchos pendientes en materias económica, política, cultural y social. Lo más sorprendente es que quienes aspiran a ser electos, desde plataformas partidarias o independientes, poco aportan para analizar sus proyectos y programas de acción.

El silencio es preocupante ya que hace presumir una especie de pacto para eludir confrontaciones en tanto no estén resueltas y formalizadas en definitiva las candidaturas. Sería justificación entendible si se parte del riesgo de que violentar la reglamentación electoral puede ser motivo de descalificación.

Pero, en realidad, más bien deja la impresión de que hay ausencia de propuestas serías, fundamentadas en diagnósticos rigurosos de lo que es posible hacer ante los previsibles y preocupantes escenarios cargados de problemas complejos y recursos limitados para atender debilidades ancestrales como la extrema pobreza y la lacerante desigualdad o, más reciente, la inseguridad y rampante impunidad que nos agobia y desespera.

Por otro lado, es patética la ingenuidad o desmemoria de los actuales gobernantes. Un repaso somero de lo acontecido en las alternancias evidencia los efectos nocivos de pactos de complicidad en los que no se rinde cuentas a la nación del estado en que se entrega el poder. El ejercicio de un “poder” que no se refleja en la mejora de las condiciones de vida, cada vez más mermada por la falta de oportunidades, raquíticos sueldos, el encarecimiento de la canasta básica de consumo, el alza a los insumos primarios y la corrupción que afecta hasta la prestación de los servicios más indispensables.

A lo anterior, se suma el perverso encubrimiento de unos por otros, un tejido de complicidades que sólo sorprende por el descaro con el que se práctica. No hay el más mínimo recato, se usan para beneficio personal bienes públicos, se auto asignan remuneraciones, prestaciones y compensaciones que ni en el primer mundo son justificadas. Y, en el colmo, se le reclama a la sociedad civil cuando en un discreto intento de evaluación y justo reclamo por las ineficiencias inocultables, los funcionarios se rasgan las vestiduras porque se asumen acosados e injustamente descalificados; que descaro.

En los próximos días se espera la irrupción de la palabra mágica, el inefable “dedazo” del partido en el poder.

Con ese anuncio arranca la disputa por la presidencia. Una competencia que se antoja sea el inicio de un despertar ciudadano que se exprese con energía y coraje para obligar a que las siguientes autoridades, sin escusa ni pretexto, asuman cabalmente sus responsabilidades, empezando con la limpieza de la casa y el castigo ejemplar para quienes han abusado de su cargo para obtener descomunales beneficios privados, a la vez que se comprometan a realizar un programa de trabajo honesto, efectivo y productivo advertidos de que en caso de que lo incumplan, la Patria se los pueda demandar y retirarles el encargo concedido a través de un voto reflexivo y comprometedor.