El estado de Alabama volvió a mostrar su naturaleza intolerante. Fue uno de los bastiones de los Ku Klux Klan; ahora se ha convertido en la meca de la reacción antiinmigrante y el centro del racismo norteamericano.

   Algunos pasajes de su nueva ley estatal, HM56, vista en el microscopio político, es claramente inconstitucional. No solamente agreden los derechos civiles e individuales, sino que también violan los derechos naturales del ser humano.

   Seis años atrás, cuando escribí mi libro, “Terror en el Barrio Latino: la llegada de la nueva derecha al gobierno municipal”, lo hice con la intención de difundir la realidad social y política de la población latina en la Ciudad de Costa Mesa.

   Mi tesis central sostenía que el gobierno local pretendía expulsar de sus confines jurídicos a la gente latina y a sus familiares cercanos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, a través de ordenanzas municipales radicales y racistas.

   En esos años, un grupo radical ultraderechista logró convencer a una mayoría del electorado local que la gente latina era causante de los diversos problemas sociales que afloraban en la ciudad.

   Asimismo, a los latinos nos etiquetaron con la palabra peyorativa de “ilegal” e inculparon a nuestros hijos por las bajas calificaciones en las escuelas del distrito local. De acuerdo a esta gente, todo lo malo era fabricado por los latinos, mientras que lo bueno tenía ascendencia y color anglosajón.

   Uno de los paladines del movimiento anti-latino en Costa Mesa fue un comprobado racista y filósofo de la supremacía blanca Martin H. Millard. Este personaje no simplemente logró propagar sus ideas racistas en la ciudad, sino que el gobierno de la ciudad lo nombró como comisionado de una de las agencias municipales.

   En Arizona sucedió lo mismo. La ley antiinmigrante se difundió después de la movilización de grupos ultraderechistas y racistas. Su portavoz, el senador Russel Pearce, no tuvo ningún problema en asociarse con esta gente.

   El terror de Costa Mesa y de Arizona se dispersó a otros estados y ciudades.  Re-cientemente el gobierno del estado de Alabama aprobó la Ley HB56. El contenido de esta ley es mucho más radical que las ordenanzas municipales de Costa Mesa y tiene mayor alcance aterrador que las leyes de Arizona.

   La ley HB56 convierte a los policías locales en agente migratorios. Es decir, un policía de Alabama tiene la capacidad de solicitar o exigir documentos migratorios a cualquier persona que vive en este estado.

   Por otra parte, la ley de Alabama prohíbe que los estudiantes indocumentados puedan proseguir sus estudios en las universidades estatales.

   Al igual que la truncada Propuesta 187 de California, la nueva ley de Alabama criminaliza a las personas que prestan ayuda o servicios a las personas indocumentadas. En este sentido, los grupos religiosos, las organizaciones no lucrativas y de caridad que trabajan por el bienestar del ser humano, son directamente penalizados.

   Finalmente, la nueva ley de Alabama exige a las autoridades escolares a reportar el número de estudiantes indocumentados.

   Así, la nueva ley de Alabama no es un accidente político. Sus leyes tienen bases sociales.  Esas bases sociales todavía mantienen la mentalidad segregacionista de epocas pasadas.