Ojalá el Departamento del Justicia (DOJ) le ponga por fin el tatequieto al alguacil Terry Johnson, del condado norcarolino de Alamance, con los abusos que ha estado cometiendo contra los inmigrantes indocumentados, escudado en el programa de deportaciones 287g.

El primer paso tangible que dieron las autoridades federales, fue rescindirle el acuerdo que autorizaba a sus agentes a actuar como oficiales de inmigración y suspenderle el acceso a la base de datos, que identifica a quienes se encuentran sin estatus migratorio en el país.

Lo otro fue presentarle un memorial con los agravios que ha infligido a los hispanos, documento que fue el resultado de una investigación que duró dos años sobre las prácticas del sheriff, quien ha pretendido con convertirse en el Joe Arpaio del Sureste de Estados Unidos.

El estudio de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia concluyó que Johnson violó los derechos constitucionales de hispanos, realizó detenciones sin órdenes judiciales, obstruyó una investigación judicial, falsificó expedientes, y practicó la discriminación racial contra los latinos.

El informe contiene la afirmación de que Johnson dio la siguiente orden a sus oficiales: “Si paran a un mexicano, no le escriban una citación, arréstenlo”.

Johnson se ha defendido diciendo que se trata de una guerra de la Administración del presidente Barack Obama contra autoridades locales.

El alguacil ha afirmado que todas son patrañas en su contra y sus abogados han declarado que rechazan un acuerdo negociado con el gobierno federal para que modifique su comportamiento y no llevarlo a los tribunales.

Pero Johnson es un viejo zorro, que desde que 2002 cuando se hizo cargo de la Oficina del Sheriff de Alamance no ha desperdiciado oportunidad para hacerle la vida imposible a los inmigrantes latinos.

En 2004, Johnson anunció una conspiración de los “ilegales” para votar fraudulentamente en las elecciones de noviembre de ese año y amenazó con buscarlos casa por casa.

Según Johnson, en una elección previa un candidato a la legislatura estatal había perdido los comicios por culpa de los “ilegales”. “Le garantizo que había más de 71 ‘ilegales’ registrados”, aseveró el aguacil, que finalmente desistió de sus planes de realizar la redada masiva contra los causantes potenciales de un proceso electoral espurio. No obstante, la alaraca del sheriff provocó una ola de pánico entre la población indocumentada de Alamance y los condados aledaños.

Después de que Johnson dialogó con Jim Pendergraph, el exalguacil del condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, sobre el programa 287g, e hizo el acuerdo con el gobierno federal en 2007, afirmó: “Es lo más grande que he hecho como sheriff”.

Y los resultados fueron evidentes: en diciembre de 2011, Johnson se presentó ante el Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, para proclamar orgulloso que mediante el 297g había deportado a 1,800 “ilegales”.

Yo lo vi cuando dijo que “tenía que lidiar con criminales que eran ‘ilegales’ foráneos” y que los indocumentados le costaban al estado dos billones de dólares anuales, basando sus datos en estadísticas de la organización antiinmigrante Federación para la Reforma de Inmigración (FAIR).

Durante su desempeño como alguacil Johnson se ha referido a los latinos como “cometacos” y ha cuestionado los valores morales de los mexicanos: “En México, no hay nada malo en tener relaciones sexuales con una niña de 12 o 13 años de edad”.

Detrás de la expulsión de los inermes indocumentados del condado de Alamance, estuvo la maquinaria formidable del 287g, que desde los nueve condados de Carolina del Norte, donde se ha aplicado, ha generado la deportación de 30 mil extranjeros.

El costo de haber operado el 297g en Alamance podría haber llegado, durante los 7 años de funcionamiento, a más de 28 millones de dólares y en Mecklenburg, en 8 años, a más 40: un dinero pesimamente invertido contra una población desamparada.