Faustino teme que en cualquier momento podría ser detenido, enviado indefinidamente a un centro de detenciones y luego deportado sin poder evitarlo, aunque es residente legal en Estados Unidos.

“El problema es que una vez, como por el 2002, una noche que manejaba tomado al salir de la Carretera 5 por una rampa a Chula Vista choqué con un muro de contención”, platica temeroso.

Pasó unas horas detenido y en la corte lo multaron y le ordenaron trabajo comunitario. El muro de contención apenas sufrió avería. Pero haber pagado por el error ahora a Faustino no le sirve de mucho.

Si antes, desde 1996, las autoridades podían detener y tratar de deportar por antecedentes penales, una nueva decisión de esta semana de la Suprema Corte de Justicia, coloca a inmigrantes legales como Faustino en riesgo de ser detenidos en cualquier momento y puestos bajo custodia de las autoridades indefinidamente.

“O sea que no soy indocumentado, pero a la mejor más me convendría serlo”, dice Faustino, quien por ese mismo temor prefirió usar otro nombre y no dejar que se le tomen fotos.

“¿Qué va a pasar si voy a renovar mi permiso de trabajo y me detienen? ¿Qué va a hacer mi familia, cómo van a pagar la renta, los gastos?”, dice preocupado.

En una decisión que algunos analistas interpretan como un triunfo para la política anti inmigrantes del presidente Donald Trump, la Corte Suprema decidió por cinco votos contra cuatro que el gobierno tiene el derecho de detener a los residentes legales con antecedentes en cualquier momento y por tiempo indefinido.

El fallo de la corte se refiere a inmigrantes legales que ya pagaron sentencias y salieron libres condicionalmente. Aunque el caso sobre el que el máximo tribunal decidió se refiere a personas que purgaron condenas por posesión de mariguana, aun en cantidades que ahora son legales, la medida afecta a todos los residentes legales por igual.

Faustino, quien pasa la vida entre San Diego y National City, entre la casa y el trabajo, dice que tendrá que reducir gastos para contratar asesoría legal, como medida preventiva. También intentará junto con su familia reunir algunos ahorros, para estar preparados en caso de contingencia.

“Usted a la mejor conoce alguno de los casos de personas que han sido deportadas y sus familias les siguen para vivir en Tijuana o en otro lado aunque los niños no han estado antes en México; pero, bueno, eso es de familias a las que les deportan a la persona que gana el sustento, ¿pero qué va a pasar si en vez de deportación, la persona se queda detenida?”, explica el trabajador.

La corte suprema decidió sobre dos demandas colectivas que presentaron residentes legales que ya cumplieron sentencias por posesión de cantidades pequeñas de marihuana. Uno de esos residentes está legalmente en el país desde 1981.

Curiosamente, las dos demandas son de residentes de los estados de Washington y California, donde ahora el consumo de mariguana es legal para los mayores de 21 años de edad, con ciertas restricciones.