En 2000, en una corte de Washington, D.C., se presentó una demanda colectiva en favor de agricultures latinos contra el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) por discriminación en la administración de créditos y subsidios.

“Los agricultores negros pasaron por una situación similar, pero ellos ya lograron un acuerdo con el gobierno”, dice Collette Harell, una de las abogadas que lleva el caso. “El gobierno niega que haya existido discriminación contra agricultures latinos y dice que cada agricultor debería presentar una demanda individual”.

En 1995, después de perder casi el 75 por ciento de su cosecha debido al clima en su rancho de 640 acres ubicado cerca de Huron, en el Valle de San Joaquín, la familia Chavarría pidió un préstamo al USDA, a través de su Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en inglés).

“Mi hermano Larry se encargó de esto, todo estaba bien, y calificábamos”, recuerda Rodolfo Chavarría. “Pero la FSA rechazó nuestra solicitud, nunca nos dijeron claramente el por qué”. Sus vecinos no latinos recibieron préstamos.

Los Chavarría se quejaron. Un juez les dió la razón, “pero seguían tratándonos mal”.

En 1998, la falta de agua golpea duramente la cosecha de la familia Chavarría y a los agricultures de la zona. Otra vez solicitaron un préstamo de emergencia, con igual resultado. “Se demoraron incluso para decirnos que no, para entonces ya no era tiempo de sembrar”, dice Rodolfo. Cuando volvieron a quejarse, un juez dijo que no había causa. “Creemos que hubo discriminación”.

La familia Chavarría llegó al Valle a mediados de los 40s, desde Texas. Desde entonces alternaron su trabajo en el campo y hasta en el ferrocarril, con el sueño de tener su propia tierra.

“Es muy triste lo que nos pasó”, dice con voz tenue pero firme Katie Chavarría, la mamá de Rodolfo y Larry, de 77 años. “En 1948 conocí a mi esposo y nos casamos tres años después”.

Toda la familia trabajaba en el campo. “Siempre nos gustó”, dice Katie.

“En el rancho tuve a mis dos hijos, muchos de mis nietos se criaron ahí”, explica mientras su voz se quiebra un poco. La familia Chavarría rentó primero esa propiedad; años después, la compró. “Mi marido no quería tener deudas, él quería pagar todo”.

Pero el trabajo del campo tiene muchos sinsabores.

“Nuestros vecinos, que eran blancos, ellos sí recibieron préstamos, pero nosotros no… Y así, fuimos perdiendo nuestras casas”.

La señora Chavarría mira hacia arriba, como invocando su memoria. Pero no hace falta pues recuerda las fechas con precisión. “En 1990 mi esposo Ricardo tuvo un ataque al corazón, a causa del estrés, estaba muy preocupado por la situación”. El señor Chavarría falleció casi dos años después.

“Por esto queremos llevar adelante esta demanda, no es solo cuestión de compensación, es para que se termine con esta discriminación”, dice Rodolfo.

De acuerdo con Harell, los agricultores afroamericanos recibirán 2.200 millones de dólares en compensación. El caso comprende a unos 40.000 agricultores. Por su parte, hay más de 80.000 agricultores latinos en el pais, de los cuales 14.000 radican en California.

“Muchos de estos rancheros latinos han tenido que declararse en bancarrota a causa de no haber recibido préstamos de emergencia que sí fueron aprobados para otros”, detalla la abogada.

En agosto, dice Harell, un juez que atiende el caso dió a ambas partes 70 días para lograr un acuerdo, lo que podría significar el principio del final de una larga lucha.

La noticia alegró a Rodolfo y a su madre.

“Es muy bueno lo que lograron los agricultores afroamericanos, ellos sufrieron mucho”, dice Rodolfo. “Pero quisiera pedirle al presidente Obama que nos tenga en cuenta, nosotros también somos parte de esta tierra”.

El 17 de noviembre, el senador Robert Menendez (D-Nueva Jersey) envió una carta a la Casa Blanca pidiendo al gobierno resolver la demanda de los agricultures hispanos, tal como se hiciera con los afro-americanos. Uno de ellos, Tim Pigford, pidió que se resuelva favorablemente el caso.

Los demandantes quieren resolver el caso fuera de corte, pero manteniendo el estatus de demanda colectiva y rechazan la maniobra del gobierno que “recomienda” a los agricultures latinos entablar acciones legales de manera individual y no colectiva. Y según versiones aún no confirmadas, varios agricultores de origen asiático estarían considerando también demandar a la USDA por discriminación.

Para más información sobre el caso de los agricultures hispanos contra el gobierno, visite: http://garciaclassaction.org