Comentario:
Por Maribel Hastings

Si un indocumentado vive con el temor diario de ser deportado y separado de su familia, ¿se conformaría con obtener un permiso de trabajo que lo proteja de la deportación aunque no tenga una vía a la ciudadanía? Muchos responderían que sí. Es un temor totalmente entendible y para muchos esa sería la solución inmediata y a corto plazo. Pero, ¿qué ocurrirá a largo plazo cuando no tenga la opción de integrarse como participante activo de la democracia como lo garantiza la ciudadanía?

¿Debe la nación crear una subclase permanente de trabajadores que ofrezcan mano de obra barata sin tener acceso a la opción de aspirar a la ciudadanía con todos los derechos que eso supone, incluyendo votar? La respuesta es que no.

En 1997 la Comisión Estadounidense sobre Inmigración concluyó que “la naturalización es el acto más importante que un inmigrante legal toma en el proceso de hacerse estadounidense. Tomar este paso le otorga al inmigrante todos los derechos y las responsabilidades de participación cívica y política que ofrece Estados Unidos”. El Centro de Política Migratoria (IPC, por sus siglas en inglés) considera que “cualquier tipo de estatus legal que impide el derecho de solicitar la naturalización definirá a esa nueva población legalizada como permanentemente separada pero no igual en detrimento de los inmigrantes y de toda la sociedad estadounidense”.

En el marco del actual debate migratorio, muchos han citado un estudio del Centro Hispano Pew como evidencia de que los inmigrantes están más interesados en obtener un permiso de trabajo que en la vía a la ciudadanía que se contempla en los principios migratorios esbozados por el presidente Barack Obama y por el grupo de ocho senadores bipartidistas, aunque los detalles para arribar a esa ciudadanía varíen y no se hayan definido.

El argumento es que el estudio en cuestión señala que la tasa de naturalización de los inmigrantes legales de nacionalidad mexicana es de apenas 36% y la mayor parte de los indocumentados en el país son mexicanos.

El estudio agrega, empero, que 68% de todos los inmigrantes legales que no son mexicanos se hacen ciudadanos. Más aún, 93% de los inmigrantes que no se han naturalizado sí aspiran a hacerlo pero citan el costo y los requisitos del inglés como razones para no hacerlo.

Como señaló la congresista demócrata de California, Zoe Lofgren, integrante del panel Judicial de la Cámara Baja y ex abogada de inmigración y profesora de leyes: “con la excepción de la esclavitud y la Ley de Exclusión de Chinos, nuestras leyes nunca han impedido que las personas puedan convertirse en ciudadanos y no debemos empezar a hacerlo ahora”.

Obviamente hay restricciones a la natu-ralización, como por ejemplo, a extranjeros convictos de ciertos crímenes que no se adhieran al concepto de “buen carácter moral” contemplado por el Acta de Inmigración y Naturalización.

Pero cualquier legislación que emerja del Congreso debe conceder la opción de que esos inmigrantes que regularicen su situación puedan aspirar a la ciudadanía.

Republicanos en la Cámara Baja parecen inclinados a favorecer la legalización sin vía a la ciudadanía. Con una población indocumen-tada mayormente hispana, ¿qué motivaciones tienen los republicanos para tratar de impedir que inmigrantes hispanos tengan la opción de hacerse ciudadanos? ¿Elitistas, raciales, políticas?

Además de honrar la tradición inmigrante de este país, también hay consideraciones económicas para promover la ciudadanía. Un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) señala que obtener la ciudadanía supone que los ingresos de los inmigrantes vean un alza de al menos 5%. Según el reporte, las razones para esto son difíciles de precisar, pero pueden deberse, entre otras cosas, a que se envía a los empleadores una “señal de integración exitosa”.

El Centro de Política Migratoria (IPC), que cita este reporte del MPI en su reciente informe “Los Beneficios de la Ciudadanía,” también alude a un estudio del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes, de la Universidad del Sur de California (USC), que concluye que si los casi nueve millones de residentes permanentes elegibles para la ciudadanía se naturalizaran, sus ingresos por los próximos diez años aumentarían entre 21 mil y 45 mil millones de dólares.

Mayores ingresos personales suponen que su poder adquisitivo aumente, y según el mismo análisis, ese mayor poder adquisitivo supondría un alza de entre 37 mil y 52 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (GDP, por sus siglas en inglés).

Además, mayores ingresos representan mayores aportaciones al fisco y a los diversos programas federales de apoyo, como el Seguro Social.

A nivel político, los partidos buscan votantes y la vía a la ciudadanía supone un eventual universo de potenciales electores. Muchos republicanos argumentan, por ejemplo, que más potenciales votantes latinos sólo favorecerán a los demócratas. Sin embargo, la práctica ha probado que los electores hispanos favorecen a los candidatos que abogan por una solución migratoria sensata y no extremista. La elección presidencial de 2012 demostró lo que ocurre cuando los republicanos insisten en propuestas migratorias extremas.

Pero apoyar una reforma migratoria y contar con un candidato que apele a los latinos puede convertirlos en una alternativa viable para los votantes hispanos.

Finalmente, si los políticos realmente escuchan a sus representados ya se habrán percatado de que una mayoría de los estadounidenses, de diversa ideología política, apoyan una vía a la ciudadanía. Sondeo tras sondeo así lo demuestran.

Solucionar a medias el dilema migratorio con un parche de legalización sin ciudadanía que atenta contra la tradición inmigrante del país y sólo supone mayores problemas a largo plazo no es la salida razonable.

Las próximas semanas serán cruciales en determinar qué vía sigue el Congreso.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice