Las condiciones de los centros de detención para migrantes y quienes se entregan de forma voluntaria a las agencias de seguridad federal de los Estados Unidos han sido catalogados como prisiones y espacios que violan de forma directa los derechos humanos de miles de personas durante el año.

Por esto, un grupo de abogados en San Diego interpusieron una demanda colectiva contra el gobierno federal de los Estados Unidos. La demanda hace hincapié en la cantidad de tiempo que se pasa sin que los detenidos vean a un juez, aseguran los representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). La espera y las condiciones en que estas personas se encuentran generan un ambiente de incertidumbre y propicia traumas emocionales para quienes se encuentran tras las barras.

“El juez existe para informar de los derechos, y detención sin ver un juez es emocionalmente muy difícil”, aseguró Bardis Vakili, abogado de ACLU en San Diego. “Afecta mucho emocionalmente la detención, especialmente tras ser separados de sus familias”.

Dentro de los centros, el panorama es desolador. Quiénes sido detenidos por no comprobar un estatus migratorio definido o al entregarse voluntariamente en busca de asilo político, deben utilizar trajes completos color naranja, tienen horas para dormir, horas para comer, espacios limitados y específicos para ver a sus seres queridos, y horas para salir al patio.

La demanda contempla el caso de tres personas, entre ellos un joven de 18 años de edad, quien se encuentra recluido por meses en el centro de detención de Otay Mesa. Miembros de la ACLU aseguran que estos solo son pocos de los cientos de individuos detenidos o encarceladas por dependencias de protección fronteriza de los Estados Unidos.

Hoy la promesa de incrementar el número de personas en estos centros por parte del presidente del país, o simplemente incrementar el número de espacios, ha puesto en alerta a organizaciones sin fines de lucro como la ACLU, que declaró que es inhumano dar este trato a quien solo busca mejores oportunidades en la Unión Americana, o huye de la violencia en su país de origen.

“Vamos a ver que pasa, por qué lo que sabemos bien es que la administración dice que quieren detener a más personas, que quieren extender la capacidad de los centros de detención, entonces es importante poner esta demanda, para mejorar las cosas antes de que pase”, agregó Bardis.
Los abogados esperan a pesar de lo lento que se mueven los procesos legales en el país, estos puedan ver una respuesta inmediata del gobierno federal, la cual les permita presentarse frente a un juez rápidamente y exigir el derecho a la libertad de quienes han elegido a este país, como su nuevo hogar.