Durante el desahogo de una junta extraordinaria de su junta directiva celebrada este pasado jueves, el Distrito Escolar Sweetwater Union autorizó dos acuerdos extrajudiciales que aportarán al Distrito $8.5 millones de dólares, con lo que al fin se cerrarán las últimas demandas restantes del escándalo de corrupción que generó 17 procedimientos extrajudiciales.

Dichos acuerdos extrajudiciales brindan resolución a una serie de demandas y contrademandas en materia de contratistas que participaron en actos que los querellantes calificaron como “pagar por jugar”, a raíz de los cuales se presentaron cargos contra varios integrantes de la junta escolar, contratistas y el entonces superintendente Jesús Gándara.

El Distrito demandó a varios contratistas en 2014 a fin de invalidar sus contratos y exigió el resarcimiento de más de $14 millones de dólares, alegando que los contratos eran ilícitos por haber sido otorgados a dichos contratistas por sus aportaciones a campañas políticas y obsequios no especificados a integrantes de la junta escolar en contravención de leyes estatales.

El convenio extrajudicial de mayor monto fue en el caso de la aseguradora que representa a Gilbane, una empresa constructora que opera a nivel mundial con ingresos anuales que superan los cuatro mil millones de dólares, quien accedió a pagar al Distrito $7.5 millones. El Distrito había demandado a Gilbane y su socio estratégico, Seville Group Inc. (SGI), por su parte en el escándalo de corrupción. Dichas empresas proveían servicios administrativos al Distrito.

En un segundo acuerdo extrajudicial, la aseguradora que representa a SGI accedió a pagar al Distrito $750,000 dólares, y un tercer acuerdo extrajudicial celebrado la semana pasada con el despacho arquitectónico LPA Architects sumó $250,000.

“Se trata de un triunfo positivo para el Distrito, y lo vemos como el punto final para dejar atrás un sombrío capítulo en la historia del Distrito”, expresó el Presidente de la junta escolar, Arturo Solís, en entrevista exclusiva para La Prensa San Diego tras haber emitido su voto la Junta. “Demuestra que la Junta está trabajando arduamente a favor de los intereses de nuestro alumnado y nuestro Distrito, y del interés superior de la comunidad”, agregó Solís.

La primera de las demandas la entabló en 2012 San Diegans for Open Government (San Dieguinos por un Gobierno Abierto, también conocida como SanDOG), un organismo de la sociedad civil que ha demandado a varias dependencias públicas en querellas en materia de, entre otros temas, malversación de fondos y la fórmula de recaudación fiscal que se proponía para el Centro de Convenciones de San diego, la cual ultimadamente fue declarada ilícita.

SanDOG demandó a Gilbane, SGI y HAR Construction con el fin de invalidar un total de más de $40 millones de dólares en contratos que la querellante alegó se viciaron por la trama de “parar para jugar”. En 2014, el Distrito entabló su propia demanda para invalidar dichos contratos. La demanda entablada por SanDOG eventualmente se fusionó con la del Distrito, y SanDOG procedió entonces como la parte actora representante de los contribuyentes.

“SanDOG se complace en que el monto neto que se resarcirá a los contribuyentes es igual, sino es que superior, a lo que habrán obtenido si hubiéramos tenido que litigar durante varios años más”, comentó el abogado de SanDOG, Cory Briggs. “Los contribuyentes deben estar muy complacidos con los esfuerzos del Distrito en sumarse a SanDOG para corregir tantas serias irregularidades cometidas por antiguos integrantes y administradores de la Junta”, concluyó Briggs.

Como parte del acuerdo extrajudicial celebrado esta semana con Gilbane, el Distrito acordó reintegrar a SanDOG, de los fondos obtenidos en el acuerdo extrajudicial, la cantidad de $425,000 dólares para recuperar honorarios jurídicos erogados.

El historial de casos jurídicos se remonta a 2011, cuando surgieron las primeras acusaciones de corrupción.

En 2011, la constructora HAR Construction demandó al Distrito alegando que sus contratos para construir escuelas se habían cancelado porque la empresa y su representante, Héctor Romero, se negaron a aportar fondos para la campaña de una integrante de la junta escolar, Pearl Quiñones. La demanda de HAR llevó a la Fiscalía de Distrito a realizar averiguaciones y, en 2012, 15 personas fueron procesadas por diversos cargos relacionados con aportaciones ilícitas a funcionarios.

En 2014, todos los imputados se declararon culpables de diversos cargos. Las sanciones más serias fueron impuestas al entonces integrante de la Junta Greg Sandoval y al entonces Superintendente Jesús Gándara.

Sandoval fue sentenciado a seis meses de cárcel; sin embargo, solo cumplió 45 días tras las rejas y 135 días adicionales en arresto domiciliario. Gándara fue sentenciado a siete meses de cárcel, pero solo cumplió 60 días bajo custodia y desahogó el resto de su condena en arresto domiciliario, obligado a portar un brazalete electrónico y reportarse con su oficial de libertad a prueba dos veces por semana.

Después de casi cinco años de litigios, el Distrito llegó a un acuerdo extrajudicial con HAR y Romero en junio de 2016, en el que el Distrito acordó liquidar $7.35 millones de dólares a los querellantes.

Los acuerdos extrajudiciales celebrados esta semana vienen a resolver los últimos casos pendientes de la serie de contratos en materia, y reintegran suficientes fondos al Distrito para recuperarse plenamente del caso con romero. Se calcula que el Distrito asimismo erogó aproximadamente $2 millones de dólares en honorarios jurídicos durante estos casos.

“Es algo bueno el proceder hacia adelante”, agregó el Presidente de la Junta, Arturo Solís. “Espero que esto demuestre que esta Junta realiza su labor de manera pública, y continuaremos haciéndolo en contratos futuros”.

En 2014, todos los cinco puestos de la Junta debían someterse a elección. Todos los integrantes de la Junta actual entraron en funciones ese mismo año tras la resignación y la derrota de los integrantes de la Junta inmiscuidos en el escándalo de corrupción. Los integrantes de la Junta Kevin Pike y Nicholas Segura posteriormente se reeligieron en 2016.