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La Administración del presidente Joe Biden ha restablecido una controvertida política de la era del presidente Trump que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México a permanecer al sur de la frontera mientras sus solicitudes están pendientes.

En su primer día en el cargo, el presidente Biden revirtió la política que, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, requería que los solicitantes de asilo que se presentan en la frontera esperaran en un país extranjero mientras esperaban la aprobación de sus solicitudes.

Trump había instituido el cambio en enero de 2019 en un intento por detener el flujo de miles de migrantes sudamericanos y centroamericanos que habían viajado en grandes caravanas a la frontera entre Estados Unidos y México para escapar de la violencia y las dificultades en sus países de origen.

La política estadounidense anterior había permitido que los solicitantes de asilo ingresaran a los Estados Unidos mientras sus solicitudes estaban pendientes, pero, después de que Trump cambió la política, surgieron barrios marginales a lo largo de la frontera en Tijuana y ciudades fronterizas en Texas.

Los solicitantes de asilo se convirtieron en víctimas de violencia y robo mientras acampaban en refugios improvisados ​​y pueden tener dificultades para acceder a ayuda legal para procesar sus solicitudes.

Después de que Biden puso fin a la política en enero, se presentó una demanda federal para detener el cambio.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, designado por Trump, ordenó a la Administración Biden reiniciar la política que obligó a Estados Unidos y México a cooperar en un proceso viable.

La política recientemente reformulada buscará procesar las solicitudes de asilo dentro de 180 días, requerirá que los solicitantes estén completamente vacunados contra COVID, asignará 22 jueces de inmigración para trabajar exclusivamente en los casos, y ayudará a garantizar la seguridad de los migrantes mientras viajan hacia y desde las audiencias según sea necesario.

Los funcionarios de Biden dicen que están trabajando para desarrollar una nueva política que pueda sobrevivir a los desafíos legales.

Mientras tanto, las autoridades federales comenzarán a devolver a los solicitantes de asilo a través de cuatro ciudades fronterizas, incluidas Tijuana y El Paso, Laredo y Brownsville en Texas.

El gobierno mexicano hizo ciertas solicitudes como parte del programa, incluido que los migrantes tengan acceso a reunirse con abogados de los Estados Unidos antes de cada audiencia mediante acceso por video y teléfono en México, y que las personas “vulnerables” deben estar exentas de ser devueltas a México, incluidos los niños no acompañados, mujeres embarazadas, personas con enfermedades físicas o mentales, personas mayores, indígenas, y miembros de la comunidad LGBTQ que han enfrentado abusos en campamentos de migrantes.

México está solicitando fondos a los EEUU para brindar refugios y apoyo a los solicitantes de asilo que esperan su procesamiento.