Desde finales del 2015, agencias federales de seguridad nacional de los Estados Unidos y en San Diego, iniciaron una intensa investigación para localizar a Martel Valencia, un hombre de 39 años de edad, calificado como armado y peligroso, acusado por las autoridades no solo de traficar con personas sin documentos desde México, sino también por atacar a un agente que le seguía.

Valencia, quien ya se encuentra resguardado en una prisión del Condado de San Diego, fue entregado por autoridades mexicanas al gobierno de Estados Unidos en la garita de San Ysidro el pasado 11 de marzo del 2016. Martel forma parte de uno de los grupos criminales más peligrosos en la zona y se le asocia al Cártel de Sinaloa en México.

“El crimen organizado es un negocio y utiliza la estrategia que mejor le funciona sin importar el bienestar de la gente, todo para obtener recursos en la región”, dijo Eduardo Olmos, vocero de la Patrulla Fronteriza de San Diego. “En ocasiones vemos que usan una estrategia que no habían puesto en marcha en años y después vemos que utilizan otras más comunes”.

Valencia es considerado por autoridades en San Diego como un hombre que puede causar serios daños a la comunidad.

Posterior a enfrentarse en las montañas, bajo un clima azotador, Valencia fue enfrentado por las autoridades mientras intentaba cruzar la frontera con 15 migrantes sin documentos. Al verse en desventaja, Martel, dijeron, arrojo una roca del tamaño de una bola de softbol a una distancia promedio de 30 pies. Esta lesionó al agente de la patrulla fronteriza en el rostro, dando a Martel oportunidad de huir de regreso a México.

“Esta persona en particular tenía acciones muy agresivas y con mucha violencia contra la patrulla fronteriza, así como la comunidad”, señaló José Hernández, vocero para la Patrulla Fronteriza en San Diego.

Martel Valencia enfrenta cuatro cargos que incluyen uno por asalto a un oficial federal por medio de un arma mortal, delito que genera una pena máxima de 20 años de prisión, y tres por tráfico de extranjeros para obtener recursos económicos, que va desde cinco años de prisión hasta los 15 años detrás de barras.

“Esperemos que sea algo justo, para que esta persona esté en la cárcel por un buen rato.” Agregó el agente José Hernández.
La condena está fijada para el día 28 de agosto de 2017 a las 9 a.m. en la corte federal de San Diego ante la Juez de Distrito Marilyn Huff.