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Rodrigo Perea, un DREAMer de 18, no se dio cuenta hasta hace poco que podría calificar para un programa de salud de bajos ingresos ahora que ya no está bajo la amenaza de la deportación.

Él no está solo. Incluso muchos de los defensores de la salud en California que trabajan con jóvenes inmigrantes no saben que los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) podrían calificar para el Medi-Cal financiado solamente por el estado, idéntico en todos los sentidos a todo el ámbito del programa financiado por el gobierno federal y estatal que comparte el nombre.

El pasado agosto, la administración de Obama inició el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, dando a los jóvenes indocumentados que han crecido en Estados Unidos la autorización para vivir y trabajar en el país por un periodo renovable de dos años.

Sin embargo, dos meses más tarde, anunció cambios en las políticas que señalan que, mientras podrían disfrutar el alivio de la deportación no serían elegibles para programas federales, incluyendo el seguro médico.

Fue un claro intento por parte de la administración para demostrar que el programa DACA no altera la promesa que hizo que las personas indocumentadas no se beneficiarían de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El anuncio enfureció a los activistas pro derechos de inmigrantes, que dijeron que a los beneficiarios de DACA no se les trata diferente a los inmigrantes indocumentados en lo que respecta a la salud, ya que los individuos a quienes se les concedió la acción diferida han sido considerados legalmente presentes. Por otra parte, el Departamento de Seguridad Interna en sí confirmó que los beneficiarios de DACA están legalmente presentes en los Estados Unidos.

La decisión del gobierno efectivamente niega a los beneficiarios de DACA el acceso a cuidado de salud asequible, ya que no serán capaz de participar en los intercambios de la atención de salud, no serán cubiertos por Medicaid financiado por el gobierno federal y estatal, conocido como Medi-Cal en California, y no serán cubiertos por condiciones de salud pre-existentes.

Pero Perea es afortunado de que vive en California, uno de pocos estados que ejecuta un programa paralelo de Medi-Cal, financiado exclusivamente con fondos estatales. Fue lanzado en 1996, poco después de que Washington aprobó la Ley de Reforma del Bienestar. Bajo esta, el Congreso prohibió a algunos inmigrantes legalmente presentes de recibir Medicaid indefinidamente e inicio un período de espera de cinco años a los nuevos inmigrantes documentados —niños y adultos— antes de poder inscribirse.

California fue uno de varios estados con un gran número de inmigrantes que estaban en desacuerdo con la prohibición y optaron por seguir financiando el programa de seguro de salud para los inmigrantes de bajos ingresos, independientemente de cuánto tiempo habían residido en los Estados Unidos, siempre que cumplieran todos los criterios de elegibilidad para el Medi-Cal normal, dijo Tanya Broder, abogada principal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Sólo que el programa se ejecutaría con fondos estatales.

“California desde hace tiempo ha reconocido la necesidad de proporcionar seguro de salud a las personas que están aquí legalmente, porque cree que es una buena idea invertir en la atención preventiva”, dijo Broder.

Hyun Kyu (Kevin) Lee, un DREAMer de 21 años de Los Angeles, también beneficiario de DACA y recientemente graduado de la universidad, por desgracia no puede inscribirse en Medi-Cal por su edad, a pesar de que quiere tener la seguridad de contar con un seguro de salud. Bajo los requisitos actuales de elegi-bilidad para Medi-Cal, los adultos mayores de 20 deben tener un niño para calificar.

Desde su implementación, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha recibido cerca de 500.000 aplicaciones DACA, de las cuales la mitad se han aprobado, de acuerdo con la coalición para los derechos humanos de inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). Hay alrededor de 1,76 millones DREAMers en el país que posiblemente califiquen para DACA, de acuerdo con CHIRLA, pero sólo el 30 por ciento de ellos han aplicado.

En California, 73.104 jó-venes han recibido su DACA de un total de 134.167 solicitantes, a partir del 31 de marzo de este año.

Perea actualmente tiene una tarjeta de Medi-Cal de Emergencia, que tiene un uso limitado. La tarjeta se le da a cualquier inmigrante que “no es un residente permanente legal o residente permanente en los Estados Unidos al amparo de la ley (PRUCOL por sus siglas en inglés).” Además de la atención médica de emergencia y la atención prenatal, el titular tiene derecho a los procedimientos de trasplante de órganos y servicios de diálisis renal. No cubre la atención regular ambulatoria ni paga por los medicamentos recetados.

Hasta hace poco, Arcenio López, director asociado la organización comunitaria del proyecto Mixteco/Indígena (MICOP por sus siglas en inglés) en Oxnard, dijo que no estaba enterado de que los DREAMers como Perea, quien es su cliente, podrían calificar para seguro de salud de bajos ingresos financiado por el estado. Ahora que lo está, dijo, él pasara la voz a través de las promotoras MICOP.

“Muchos jóvenes aquí nunca van a ver a un médico o un dentista cuando lo necesitan, y muchos de ellos tienen problemas dentales”, dijo López. “Ellos necesitan tener exámenes físicos y obtener atención preventiva. El tener acceso a Medi-Cal hará una gran diferencia para ellos y sus familias”.