Dos miembros de la junta directiva recibieron notificaciones de destitución en la junta del 12 de octubre de el Distrito Escolar San Ysidro tras semanas de quejas entabladas en contra de la directiva del distrito.

“Nosotros tenemos la intención de buscar su destitución del puesto de la Directiva Escolar de San Ysidro, en la Ciudad de San Diego, California, y exigir la elección de un sucesor para ese puesto”, dicen las notificaciones, cada una formada por 10 votantes registrados en el Distrito.

A los dos miembros, la Presidenta de la Directiva Rosaleah Pallasigue y Antonio Martínez, se les dio una notificación de intención de circular una petición de destitución, el primer paso demarcado en la ley estatal para retirar a un oficial electo en un cargo público.

“Ambos miembros de la directiva han fallado en proteger a nuestros estudiantes, y proteger los dólares de nuestros impuestos”, dijo Carmen Ordoñez, la madre de un estudiante dentro del distrito quien ha sufrido acoso constante en la escuela.

“Es nuestro sentir de que deben renunciar inmediatamente, o reuniremos firmas y los votaremos fuera de su cargo”, agregó Ordóñez, quien ha hecho declaraciones en varias juntas de la directiva en meses recientes para pedir asistencia en proteger a su hijo.

Bajo la ley estatal, los votantes pueden iniciar destituciones electorales contra oficiales en cargos públicos, incluyendo a miembros de juntas directivas escolares. El primer paso es entregar una notificación sobre la intención de circular una petición de destitución electoral. Los proponentes entonces tienen 120 días para reunir 3 mil 222 firmas de votantes registrados en el distrito para avalar la petición de destitución.

Si los requisitos se cumplen, la junta directiva escolar estaría forzada a llamar una elección especial en donde los votantes decidirán en seguir con estos oficiales en el cargo, o destituirlo y elegir a otros candidatos.

Las notificaciones entregadas a Pallasigue y Martínez mencionan razones similares para removerlos del cargo, incluyendo haber votado el mes pasado para aprobar una pago de casi 400 mil dólares al antes Superintendente Julio Fonseca después de ser acusado de acoso sexual por una empleada del distrito.

La empleada, Alexis Rodríguez, había estado en una relación romántica con Fonseca con el conocimiento de la Junta Directiva. Rodríguez hizo una queja formal en agosto, alegando que Fonseca la acosó después de que habían terminado su relación. Antes de investigar el acoso, la Junta Directiva votó en una sesión a puerta cerrada para aprobar un acuerdo de separación con Fonseca que incluía un pago por 18 meses de su salario, beneficios y días de vacaciones.

Las dos notificaciones también alegan que los miembros de la Junta Directiva “participaron en esconder la contratación de la novia de Fonseca y votaron para pagar a un denunciante más de 113 mil dólares para mantener el tema en silencio”. Ese pago es la base para una demanda entablada en contra de Fonseca por parte de un grupo de abogacía por el contribuyente, declarando que el pago era ilegal. Ese caso está siendo representado por abogados del distrito porque Fonseca estaba empleado por el distrito cuando se dio el pago.

Otra queja en común entre las dos notificaciones es que ambos miembros de la junta directiva “votaron para pagar más de 1 millón en arreglo fuera de corte y costos legales en vez de investigar de manera apropiada usos ilegales de fondos públicos”.

Tanto Pallasigue como Martínez fueron reelectos en las elecciones de noviembre del 2016. Pallasigue fue asignada para llenar una vacante en la junta directiva en diciembre del 2015. Martínez fue electo al cargo por primera vez en 2012.

La notificación contra Martínez incluye dos motivos para pedir su destitución distintos a los que se han puesto contra Pallasigue.

“Antonio Martínez ha descuidado de sus deberes como miembro de la directiva en busca de un puesto más alto como miembro del Cabildo de la Ciudad. El se rehusó a servir como clérigo de la directiva al ser nominado para mejor enfocarse en su campaña política”, declara la notificación.

Martínez recientemente lanzó una campaña política por un puesto en el Cabildo de la Ciudad de San Diego que quedará vacante cuando concluya el último término de David Álvarez en diciembre. Martínez ha pasado meses haciendo campaña y recaudando dinero para la contienda electoral que tendrá una elección primaria en junio del 2018 y una elección general de noviembre del mismo año.

Martínez ha contactado a Raquel Márquez Maden, ex integrante de la Junta Directiva Escolar de San Ysidro, para ayudarlo con su campaña. Márquez Maden sirvió en la Junta Directiva por ocho años y no busco reelección después del 2012, cuando se descubrió que ella y su esposo vivían fuera del distrito por la mayoría de su término en la directiva, lo cual es ilegal bajo ley estatal. El esposo de Márquez Maden también fue acusado de haber solicitado un soborno por parte de un contratista que terminó con un veredicto de 12 millones de dólares contra el Distrito en 2014.

Adicionalmente la notificación contra Martínez lo conecta a la administración del superintendente anterior Manuel Paul, quien fue declarado culpable y mandado a prisión en una extensa investigación por corrupción que arrojó a 15 oficiales escolares y contratistas como acusados. Paul cumplió una sentencia de 60 días en custodia federal tras admitir que tomó dinero en efectivo de un posible contratista buscando trabajo con el distrito. Martínez es el único miembro de la Junta Directiva que sirvió en el cargo durante la administración de Paul como superintendente.

“Antonio Martínez es el último miembro de la corrupta administración de Manuel Paul y continua con el nepotismo de contratar a familiares y amigos en el distrito”, declara la notificación.

Los proponentes de la petición acusan a Martinez de estar en una relación con una mujer que actualmente trabaja como maestra sustituta en el Distrito. Ellos señalan a esto como un vínculo a la contratación de la novia de Fonseca, causando un conflicto de intereses y creando la percepción de favoritismo entre líderes del Distrito y sus asociados. El distrito tiene políticas en contra de la creación de estos conflictos, y hasta la percepción de estos conflictos, en sus prácticas de contratación al contratar familiares o otras personas cercanas a las administradoras.

“Nosotros esperamos que ellos salven al distrito del gasto de una elección especial y que solamente renuncien”, Ordóñez dijo después de la junta el pasado jueves. “Hemos perdido la confianza en ellos y necesitan restaurar la confianza en nuestra Directiva Escolar al permitir que entren nuevos miembros de inmediato”.

Tanto Martínez como Pallasigue se negaron a comentar para este artículo.