Un juez de San Diego firmó esta semana el acuerdo preliminar bajo el cual, el gobierno de Estados Unidos deberá reconsiderar cientos de solicitudes de asilo político de familias que fueron separadas en la frontera con México.

El plan, que recibiría la última aprobación durante una audiencia programada en noviembre, establece que tanto padres como hijos recibirán una nueva entrevista por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para determinar si existe “miedo creíble” de persecución o tortura en sus países de origen.

El juez Dana Sabraw, quien preside el caso en una corte local, determinó que el acuerdo alcanzado entre la administración federal y los abogados que representan a las familias afectadas es “suficientemente justo, razonable y adecuado” por lo que se puede proceder a dar aviso a los integrantes de la demanda colectiva.

De esta manera, las familias, en su mayoría centroamericanas, que llegaron al país en búsqueda de refugio tendrán una nueva oportunidad para pelear su caso. Durante el proceso legal que se ha extendido por varios meses, abogados externaron su preocupación dado que la separación con sus hijos les había quitado la atención en sus respectivos procesos legales.

Si bien no hay una cifra oficial, se estima que cerca de mil inmigrantes que ya contaban con una orden de deportación, se verán beneficiados por este acuerdo.

A finales de junio, el mismo juez emitió una orden judicial que obligó al gobierno del presidente Donald Trump a reunificar a 2 mil 654 niños con sus padres. Hasta el momento, cerca de 200 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados en espera de que se determine si regresarán con sus padres, algunos de ellos ya deportados, o si permanecerán con algún tutor o familiar en Estados Unidos.

Una vez firmado el acuerdo, se resolverían las tres demandas colectivas interpuestas por diferentes grupos, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles, en contra del gobierno federal y su política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal que ocasionó esta crisis.

En una audiencia realizada esta semana, el juez Sabraw aplaudió el compromiso de todas las partes involucradas para dar resolución al caso. “Pareciera que estamos muy cerca de terminar con esto”, señaló.

Sabraw urgió a los abogados del Departamento de Justicia a iniciar con el proceso para que una vez que el plan sea firmado se puedan reanudar las entrevistas de asilo cuanto antes.

Y es que primero, tanto el gobierno como una red conformada por asociaciones civiles deberán ponerse en contacto con todos los padres que fueron separados de sus hijos, incluyendo quienes fueron deportados sin ellos. Esta semana, se dio a conocer que todavía falta localizar a diez de ellos.

El juez ha pedido acelerar dicho proceso para que todos los inmigrantes afectados estén al tanto de sus opciones y hagan saber si permitirán que sus hijos peleen sus casos de asilo en Estados Unidos o si pedirán que éstos sean trasladados de nueva cuenta a sus países de origen.

Las partes involucradas regresarán a corte en noviembre para la tentativa aprobación final del plan, aunque antes deberán presentar un informe de actividades la próxima semana.