Después de la Primera Guerra Mundial, la economía tuvo una inusitada recuperación que permitió a Estados Unidos convertirse en el principal beneficiario de la posguerra, desplazar a Inglaterra en la supremacía mundial y crear un estilo exuberante de vida retratada en la desbordante década de los años veinte, con su revolución cultural y la irrupción del crimen organizado beneficiario de medidas incongruentes como la prohibición del consumo de licor que lo único que logró fue propiciar su expansión.

Esa “borrachera” social desembocó en la crisis de los años treinta, que fue el resultado de la contaminación de la desequilibrada euforia que ahora tocaba las avenidas neoyorquinas donde enormes flujos financieros crearon un enorme globo de especulación que, al explotar, provocó una crisis de descomunal dimensión.

Ese escenario obligó que las teorías económicas se revisarán bajo criterios de mayor puntualidad reconociendo que el orden en las finanzas públicas y privadas era una exigencia ineludible para lograr desarrollo económico sustentado y de largo aliento.

El economista John M. Keynes había advertido que “nadie vivía a largo plazo” y que por lo tanto tenía que ser estimulada la demanda a través de la creación de empleo bien remunerado que diera salida a la oferta de bienes y servicios, que sólo de esa manera se podrían convertir en beneficios reales. El camino de concentrar la riqueza en manos de enormes monopolios había fracasado por lo que era indispensable estimular la competencia y el mercado interno, así como un comercio internacional eficiente; no había de otra.

Las políticas públicas que promovió el presidente Franklin D. Roosevelt se centraron en la promoción de obra pública que dio nacimiento a una nueva geografía nacional con base en el desarrollo de grandes proyectos regionales como el de la Autoridad del Valle del Tennessee TVA. El nuevo trato – o “The New Deal” -, como fue bautizada esta estrategia, contemplaba que a partir de proyectos de infraestructura, como la generación de energía, áreas, geográficas que comprendía varios estados serían la base de procesos de regionalización de gran impacto social, económico, cultural y político.

El proyecto propició la eficiente y rentable generación de energía eléctrica sustituyendo ineficientes empresas privadas estatales, estimular la navegación fluvial menos costosa, el control de inundaciones, la producción de materiales estratégicos para la defensa nacional, el alivio al desempleo y la mejora integral de las condiciones de vida en áreas rurales. El TVA fue más que un proveedor de energía eléctrica; fue un proyecto que cambió el perfil de la democracia ampliando los frentes de participación social que fue reproducido exitosamente en otras zonas de Estados Unidos.

En México el ejemplo fue replicado con la creación de una comisión gubernamental que, con base también en una plataforma hidráulica, aprovechó el caudal del Rio Papaloapan que cruza los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca para contener y regular su caudal y contribuir con la generación extraordinaria de energía que facilita relocalizar a una población que había estado ancestralmente abandonada en diseminadas poblaciones indígenas a las que el desarrollo no había alcanzado.

Ante los retos que enfrenta la nueva administración federal, es oportuno revisar esos exitosos proyectos para rediseñar e instrumentar proyectos de generación de riqueza regional en las áreas que han sido colapsadas por el envejecimiento y obsolescencia de plantas industriales que ya no son funcionales, que han sido rebasadas por las nuevas tecnologías y que son fuente generadora de contaminación para abrir la oportunidad de que los asentamientos urbanos se modernicen y las comunidades encuentren y desarrollen nuevas formas de promover riqueza social en ambos lados de las fronteras.