El martes 9 de enero, un juez federal de California emitió un mandato acerca del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que brindaba protección contra la deportación y permisos de trabajo a las personas que llegaron ilegalmente al país a temprana edad, para que continúe aceptando solicitudes.

El mandato bloquea temporalmente que la administración de Trump termine los beneficios del programa de DACA, al que el presidente Donald Trump llamara inconstitucional y una extralimitación del poder ejecutivo cuando fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.

El juez de distrito de los Estados Unidos William Alsup de San Francisco escribió que la administración necesita “mantener el programa DACA a nivel nacional” y permitir a los beneficiarios de DACA renovar su estatus, con algunas excepciones.

Sin embargo, el sitio web de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no está aceptando solicitudes, a la fecha que este artículo ha sido publicado.

Según un vocero de USCIS, la información sobre la aceptación de solicitudes de renovación como resultado del mandato se proporcionará cuando esté disponible.

Dulce García, abogada de inmigración y derecho penal de San Diego, dijo que el mandato es una ventana de esperanza para los aplicantes de DACA que no tuvieron la oportunidad de renovar su permiso.

García es uno de los demandantes nombrados en la demanda y dijo que es urgente que aquellos que perdieron su estado de DACA comiencen a reunir sus documentos y encuentren maneras de pagar el costo de la solicitud.

La administración, sin embargo, puede optar por apelar la decisión, a la cual Trump compartió su desacuerdo a través de redes sociales.

“Simplemente muestra a todos lo roto e injusto que es nuestro sistema judicial cuando el lado opuesto en un caso (como DACA) siempre corre al noveno circuito y casi siempre gana antes de ser revocado por los tribunales superiores”, escribió Trump en un tweet el pasado 10 de enero.

Esta decisión judicial fue emitida un día después de que Trump tuvo una reunión bipartidista con los miembros del Congreso para abordar temas como DACA, seguridad fronteriza y políticas de inmigración, a causa del 19 de enero como fecha límite para aprobar un proyecto de ley de envío para evitar el cierre de gobierno.

Los Demócratas en el Capitolio han declarado abiertamente que votarán en contra de cualquier proyecto de ley de gastos del gobierno que no incluya una respuesta para los casi 800,000 inmigrantes conocidos como Dreamers.

La senadora de EE. UU. Kamala Harris, quien ha expresado abiertamente su apoyo a los Dreamers, dijo en el comunicado que aunque el fallo judicial proporciona alivio, no es una solución permanente y el Congreso debe actuar de inmediato.

“Está claro que hay apoyo para el DREAM Act en ambos lados y en ambas cámaras del Congreso. Debería someterse a votación sin más demora”, dijo en el comunicado.

El Senador Jeff Flake compartió en Twitter el miércoles 10 de enero, que un grupo del Senado estaba progresando en la redacción de un proyecto de ley bipartidista de DACA. El grupo incluye tres senadores republicanos y tres senadores demócratas.

Sin embargo, durante una rueda de prensa el jueves por la tarde, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que no se había llegado a ningún acuerdo.

“En este momento esperamos que republicanos y demócratas se unan, y confiamos en que lo harán, para llegar a un acuerdo sobre DACA y sobre la seguridad fronteriza, que es una parte vital de esa conversación e insistimos en ser parte de ella”, dijo Sanders durante la sesión de información cuando Jim Acosta de CNN le preguntó si los Dreamers deberían tener confianza en que habrá un acuerdo que los proteja de la deportación.

García dijo que cuando se enteró del acuerdo propuesto por los seis senadores, le preocupaba que no fuera una buena decisión y considera que una solución definitiva hacia el Dream Act debería ser el único enfoque, no la seguridad fronteriza u otros asuntos de inmigración.

“Hasta ahora lo que estamos escuchando no es lo suficientemente bueno”, dijo García. “Especialmente cuando comienzan a atacar a nuestros padres, eso es algo que rechazamos absolutamente”.

El 5 de septiembre, Trump anunció el final del programa, pero le dio al Congreso hasta el 5 de marzo para que presente una solución que ayude a los Dreamers a permanecer en EE. UU.

Los Dreamers tenían hasta el 5 de octubre para presentar las solicitudes de renovación de DACA, y sólo podían postularse los destinatarios de DACA cuyas tarjetas de autorización de trabajo expiraran entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo.

Sin embargo, miles de Dreamers ya han perdido la protección y su capacidad para trabajar legalmente en el país.

García, quien también es Dreamer, dijo que muchos Dreamers no tuvieron la oportunidad de renovar su estado de DACA debido a la incapacidad de pagar los $495 dólares o porque sus solicitudes enviadas por correo no llegaron a tiempo.

García dijo que aunque la orden judicial es temporal, no es tan limitante como cuando los solicitantes de DACA pueden presentar su solicitud de renovación pero, no obstante, deben hacerlo inmediatamente.