Por Alexandra Mendoza

Una consejera de la Prisión Estatal Calipatria en el Condado de Imperial, utilizó empaques de galletas Oreo, bolsas de papas fritas, cajas de avena y frascos de café para ingresar metanfetaminas, heroína y mariguana al interior del penal, informó la Fiscalía Federal de San Diego.

La máxima autoridad del jurado, presentó cargos criminales contra la exconsejera y siete personas involucradas, incluyendo presos que participaban en un programa de rehabilitación en drogadicción, por operar una red de tráfico de estupefacientes,  y teléfonos celulares clandestinos, con un “valor dentro de la prisión de casi 1.2 millones de dólares”.

“Este tipo de violación a la seguridad de una prisión es un problema serio, internos con teléfonos celulares pueden continuar operando empresas corruptas dedicadas al contrabando de drogas, como en este caso desde el interior de la prisión”, señaló en rueda de prensa la Fiscal Federal del Distrito sur de California, Laura Duffy.

Esta es la primera vez que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) en San Diego, y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), han detectado a una oficial corrupta, como a internos y cómplices, quienes operaban fuera de la prisión.

De acuerdo a documentos de la corte, Angela Carr de 44 años, Supervisora Consejera en un Programa de Drogas, recibía los estupefacientes de mujeres involucradas sentimentalmente con
los reos.

Posteriormente, la consejera ingresaba las drogas al interior de la prisión en empaques de comida. A su vez, se estima que la acusada ingresó cerca de 40 teléfonos celulares que eran vendidos a reos, para coordinar actividades ilícitas, tanto al interior como al exterior de la prisión.

Por su parte, el Jefe de Operaciones de la Oficina de Asuntos Internos en CDCR, Joe Galván,  resaltó que cualquier señalamiento de contrabando de drogas por parte del personal de prisiones, es un asunto muy delicado, por lo que participaron autoridades federales.

“Es muy raro que empleados incurran en este tipo de comportamiento”, reafirmó.

La Fiscal Federal, Laura Duffy, indicó que por esta participación la acusada recibió alrededor de $3,500.

Recalcó que, por lo general, el modo de operar en estos casos, es que los internos convencen a personal de prisión de llevarles artículos como dinero o cigarros, pero una vez que acceden, los amenazan con exponerlos a sus superiores si no ingresan drogas, celulares u otros artículos más comprometedores.

La acusada fue detenida en agosto de 2015, cuando se le encontró un cargamento.

En conferencia de prensa, la Fiscal Federal indicó que temen que este decomiso es tan sólo un vistazo de la actividad de contrabando que existe en el sistema de prisiones de California.