Por lo menos 56 organizaciones de los dos lados de la frontera rechazaron en San Diego y Tijuana el plan de la administración del presidente Donald Trump de regresar a México a los migrantes centroamericanos que esperen asilo en Estados Unidos, porque va a vulnerar a las familias mientras aguardan.

Una coalición que integra a 48 grupos de San Diego y a ocho de Baja California, rechazó el plan bajo sospecha de que se trata de “un programa ilegal que pone en peligro la vida de personas vulnerables”, detalló el padre Pat Murphy, de la Casa del Migrante.

Los grupos advirtieron que, si esa política inicia como programa piloto para después implementarse en otras regiones, perjudicará a las comunidades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

El Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego y la Coalición Pro Derechos de los Migrantes – que son las dos principales coaliciones en la región – se manifestaron conjuntamente en comunicado.

De los dos lados de la frontera aseguran que la administración Trump implementa unilateralmente el programa, bajo la premisa falsa de que “quienes huyen para salvar sus vidas serían delincuentes peligrosos”.

“Las personas que buscan asilo no son una amenaza; su llegada es una oportunidad para hacer lo correcto y para honrar nuestras obligaciones morales y legales, de proteger a aquellas personas que se encuentren en peligro”, destacó la coalición.

Piden que los gobiernos de México y Estados Unidos “consideren el impacto negativo que esta política va a tener para los albergues de por sí sobresaturados en Tijuana”.

Explicaron que, al llenarse los albergues, quedan en riesgo las vidas de las personas que buscan asilo, y por otro lado se dificulta que los migrantes consigan la asistencia legal que necesitan en sus casos.

El gobierno de Estados Unidos implementó de manera unilateral el programa con un documento llamado Protocolo de Protección a Migrantes que no menciona haber alcanzado algún acuerdo con México.

El documento dice que los migrantes deben esperar en México citas ante tribunales de migración, porque cuando han aprobado entrevistas de “miedo creíble”, o temores fundados, salen en libertad condicional en Estados Unidos, pero se deshacen de los grilletes electrónicos y se pierden entre la comunidad indocumentada.

El documento, proporcionado a La Prensa San Diego, no menciona ningún acuerdo con México para implementar el programa, solo se refiere a que los migrantes pueden desaparecer si se deshacen de los grilletes.

La cancillería mexicana informó por su parte que acepta que hasta 20 migrantes centroamericanos que pidan asilo y pasen la entrevista de “miedo creíble” puedan ingresar a Tijuana a esperar citas ante tribunales.

La cancillería mexicana dejó en claro sin embargo que el programa es una acción unilateral del gobierno de Estados Unidos, y que México decidió participar por razones humanitarias.

Pero México estableció algunas limitaciones: no aceptará que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) envía a Tijuana a aguardar a migrantes enfermos, que necesitan ayuda médica urgente o podrían dar a luz en esos días.

También estableció que si hay casos en que los tribunales niegan el asilo después de pasar la entrevista de miedo creíble, “Estados Unidos deberá hacerse cargo de la ubicación física de esos migrantes”, es decir, que si fueran deportados, no serían expulsados a México, sino a sus países de origen.