Una demanda por parte del Consejo Regional de Control de Calidad del Agua de San Diego contra la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos (IBWC, por sus siglas en inglés) se sumó a las establecidas por la ciudad de Chula Vista, Imperial Beach y el puerto de San Diego durante el mes de marzo y a la generada por la fundación Surfrider en julio del mismo año.

En la acusación de 204 páginas, los demandantes criticaron años de falta de acciones por parte de las autoridades federales y una preocupación constante ante la descarga de millones de galones de desechos, aguas residuales no tratadas, basura, pesticidas y metales pesados que llegan al Océano Pacífico.

En la demanda también se describe el paso de los desechos y aguas contaminadas desde el río Tijuana, al estuario del Río Tijuana y en última instancia en el mar que comparte frontera con México.

Aunque durante la primer demanda establecida por las dos ciudades de San Diego y el puerto, la IBWC dijo en la corte federal de San Diego que no tenían responsabilidad debido al flujo natural de las aguas que “vienen de México”. El organismo señaló que se infringieron repetidamente las disposiciones de la Ley de Agua Limpia y solicitaron al tribunal que declare que la IBWC violó estas medidas en numerosas ocasiones.

En los documentos entregados a la corte, se destacó que en la última década las ciudades costeras de California, impusieron cierres de playas en mil 600 ocasiones en respuesta por la llegada de aguas residuales contaminadas al mar y que desde el 2015 hasta el presente año se derramaron más de 11 millones de galones de aguas sin tratar.

A pesar de los datos de la junta del agua en el condado de San Diego, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) dijo a la cámara regional de comercio en San Diego, no tener registro de algún derrame significativo durante el 2018, donde la situación se había controlado y no se pasaba por la línea internacional un solo litro de agua contaminada.

“Todo se contiene, (la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México) hizo una inversión también con un tipo de rejas para detener sólidos y no nos vaya a perjudicar en la planta”, informó Germán Lizola Márquez , director general de la CESPT. “Solo ha habido eventos pequeños que se dan por cuestiones técnicas”.

También aseguró Lizola Márquez a los empresarios del sur de California que las contingencias generadas durante el 2018 se atacaron de forma inmediata y no generaron estragos significativos en las costas como en el 2017, cuando lluvias atípicas generaron un estado de emergencia en la zona fronteriza.

Las autoridades en México reportaron que en busca de terminar con el problema, el país ha invertido 253 millones de pesos de los cuales 58.74 millones fueron entregados por el gobierno federal, 14.90 del Banco de Desarrollo de América del Norte, y el resto por parte del gobierno de Baja California.

Las demandas establecidas desde California y el condado de San Diego buscan que a las inversiones que han realizado las autoridades en México se sumen a las del gobierno federal en Estados Unidos y estos logren disminuir el riesgo de enfermedades a la comunidad que tiene contacto con las aguas fronterizas.

En ciudades como Imperial Beach, ciudadanos como Ángela Howe dijeron sufrir las consecuencias de la falta de negociaciones e inversiones necesarias para terminar con el problema de contaminación, uno que mantenía a muchas madres de familia con un temor recurrente a llevar a sus hijos a disfrutar de las playas de la región.