Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración del presidente Barack Obama están haciendo todo lo posible para que quienes votamos por el actual mandatario en 2008, no repitamos el error en 2012.

   Sus subordinados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya completaron eficientemente el primer millón de indocumentados expulsados del país.

   Pero no solo consumaron el primer millón de razones para no confiar en la palabra empeñada del presidente de “la esperanza” y el “sí se puede”, sino que John Morton, el director de ICE, se da el lujo de burlarse de 40 gobernadores del país con el programa de deportaciones Comunidades Seguras.

   Después de que les ofreció el proyecto como un plan opcional y les hizo firmar memorandos de entendimiento, que no son otra cosa que contratos, ahora les cuenta que los acuerdos no tenían ninguna validez y que Comunidades Seguras es obligatorio para todas las agencias policiales del país y que no pueden decir ni mu al respecto.

   Todo se dio  después de que los gobernadores de California, Illinois y Massachusetts cuestionaron su participación en el programa.

Buen contraste, la valentía de Morton con los gobernadores con su actitud blandengue con sus subordinados, que en junio del año pasado pusieron en tela de juicio su autoridad sin que moviera una pluma.

   En junio de 2010 el sindicato que representa a 7,600 oficiales y empleados de la agencia federal encargada de las deportaciones, emitió una resolución diciendo: “Es el deseo de nuestro sindicato dentro de ICE y de nuestros empleados de separarnos de las acciones del director Morton”.

   Morton metió la cabeza en un hueco  en el suelo como las avestruces, pero dejó el resto del cuerpo al aire para la expansión de Comunidades Seguras.

   Comunidades Seguras, que es un sistema de informática de intercambio de información de ICE con otras organismos policiales se inició en 2008 en 14 jurisdicciones del país.

   Actualmente opera en 1,400 jurisdicciones y clama haber deportado hasta el 30 de abril de este año a 77 mil indocumentados, de los cuales según ICE, 28 mil han sido criminales convictos de asesinatos, violaciones y corrupción de menores.

   Yo me permito exteriorizar mis dudas acerca de las cifras de ICE, que seguramente están acomodadas.

   En el otoño de 2006 estuve en el anuncio de la deportación de los primeros mil criminales por parte del programa 287g en Charlotte, en presencia de la exdirectora de ICE, Julie Myers, cuando las propias estadísticas del alguacil local señalaban que solo 31 de los expulsados habían cometido delitos agravados.

   Ahora la situación es peor,  porque ni ICE, ni el sheriff local dan cuenta de cuantos  presos detenidos por Inmigración han pasado por la cárcel de Charlotte, en los últimos meses.

   Desde mayo le hemos preguntado a ICE, que no contesta y yo se lo pregunté al propio alguacil, que dijo no saberlo.

   Si esa es la transparencia con que la agencia federal maneja la información acerca de los indocumentados y lo mismo ocurre con la entidad local que le colabora, no me puedo ni imaginar cómo manejan los datos nacionales de Comunidades Seguras.

   El portal de  internet de ICE no ha actualizado la información de expulsados desde hace tres meses.

   Ojalá la Unidad de Investigaciones de Univisión o un grupo similar metiera las narices en el asunto y esclareciera como ICE y sus agencias cooperantes recaban los datos.

Los que si no tienen ninguna duda acerca de sus guarismos son los del Centro Hispano Pew, que han contado 21 millones de votantes hispanos en el país.

   Los manifestantes que acompañaron al  congresista Luis Gutiérrez en su reciente detención frente a la Casa Blanca,  le dieron a Obama hasta el 15 de agosto para que diera una muestra de respaldo a los indocumentados.  A lo mejor la carta de Morton a los gobernadores fue la respuesta.