Tijuana, B.C. — Las afectaciones a la ciudadanía y la modificación del uso de los espacios públicos en la frontera norte, ocasionados por el problema de seguridad pública y el incremento de la presencia de la fuerza policiaca y militar en esa región del país, fue el tema de discusión que se desarrolló durante la X Videoconferencia que para los representantes de los medios de comunicación, organizó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en coordinación con la Universidad de Texas en Austin y El Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

    La Dra. Patricia Ravelo Blancas, investigadora del CIESAS-DF y el Dr. Héctor Domínguez-Ruvalcaba, profesor de la Universidad de Texas, presentaron la conferencia “Cancelación de los espacios y desmantelamiento de la ciudadanía”, en tanto que el Dr. Vicente Sánchez Murguía, investigador del COLEF, expuso la ponencia “La policía de Tijuana y la necesidad de su reconstrucción”.

    La doctora en Sociología por la UNAM, con especialidad en Estudios de la Mujer por El Colegio de México, Patricia Ravelo inició su exposición con la pregunta ¿Cuántas muertes serán suficientes para empezar a desmantelar el circuito añejo de complicidades, abusos a la población civil, falta de profesionalismo, absoluta pérdida de sentido ético y la recurrencia al miedo como forma de control y autoengaño?

    La expositora refirió que el alarmante índice de muertes violentas en Ciudad Juárez ha convertido a cualquier persona en un ser vulnerable. Cada situación de riesgo implica una concepción del uso de los espacios en los que la economía del goce ha perdido terreno frente a las políticas del terror y la violación a los derechos humanos. Estos factores en conjunto ofrecen una visión devastadora de una ciudad en guerra, la cual enfrenta el cierre de centros lúdicos, el creciente vaciamiento de las colonias, y el desmantelamiento de las actividades económicas, y culturales, donde la libertad de tránsito cada vez es más limitada. Por su parte, las fuerzas públicas sólo han optado por jugar el papel de castigar, en vez de contener. “Los hombres armados no proveen seguridad, sino un estado de terror en un sector amplio en la economía formal, se trata de la economía de la muerte” señaló.

    “El estado mexicano es un estado criminal porque no está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía”, apuntó el  doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Colorado, Héctor Domínguez-Ruvalcaba refirió que la cancelación de los espacios de libre circulación reflejan la dinámica de las relaciones de poder esgrimidas en la frontera norte, debido a la desregulación de la prostitución; incumplimiento de las investigaciones de crímenes; nula aplicación de las leyes judiciales; falta de programas sociales de prevención de la violencia, y acciones militares que violan los derechos ciudadanos y contribuyen a generar un estado de terror.

    El investigador de la Universidad de Texas en Austin comentó que la exhibición de cadáveres ha contribuido a generar un estado de alarma, como si se tratara de un campo de concentración bajo el dominio de personas que han irrumpido el ámbito privado de los ciudadanos, a quienes mantienen en un clima de miedo e inseguridad, cuyos efectos se han resentido en la desaparición de bares, reducción del turismo y un amplio mercado sin control de tipo sexual.  Incluso, mencionó la posibilidad de hablar de una economía de guerra, donde el gobierno ha contribuido porque la violación a los derechos humanos es una parte sus-tancial de la economía de muerte.

    Indicó que aunque varios de estos espacios de esparcimiento han sido clausurados, la demanda de este tipo de servicios no se ha cancelado, sino que han sido desplazados de la zona tradicional de entretenimiento nocturno de Ciudad Juárez a nuevas áreas como Zaragoza y Waterfill, además de que en un importante sector del centro histórico se pretende construir el centro comercial Plaza Santa Fe, en sustitución de los centros nocturnos antes instalados.  También ha ocurrido un cambio en los consumidores de estos espacios, pues ahora los clientes son policías, militares, guaruras y sicarios, pareciera que son los únicos que tienen derecho a disfrutar del esparcimiento.

    En su intervención, el doctor en Estudios de América Latina con especialidad en Ciencia Política por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, Vicente Sánchez indicó que tras haber revisado documentos oficiales de las acciones del PAN en materia de seguridad pública en el municipio de Tijuana, Baja California, notó que desde hace veinte años se vislumbraba a la policía municipal como un foco de corrupción, y que desde mediados de los noventa se hicieron diagnósticos que advertían del incremento en la incidencia delictiva, y la urgencia de medidas para frenar la delincuencia, entre las cuales sobresale el equipamiento para enfrentar delincuentes mejor armados. De la misma manera se hablaba de la necesidad imperiosa de apuntalar la coordinación intergubernamental.

    Sin embargo, recalcó que nunca más se retomaron los enunciados de las primeras administraciones de la alternancia en el gobierno respecto a la relación de la policía local con la protección de las libertades y su vínculo con la democracia. Asimismo, poco se hizo para castigar la corrupción, corregir las desviaciones y contar con un cuerpo de policía menos vulnerable y sujeto a prácticas deshonestas.

            El especialista en gestión de servicios públicos del agua, política ambiental y seguridad pública, afirmó que según la información oficial, la actual administración municipal ha depurado a más de cuatrocientos agentes por nexos con  el crimen organizado, pero es una medida que se ha tomado tardíamente. Al tomar las calles, el Ejército y la Armada han desarmado a la policía, la han exhibido como un cuerpo que no merece la confianza de la ciudadanía, y por ello la construcción de un cuerpo de seguridad confiable para la población es una tarea difícil que rema contra la corriente, y que sin embargo debe realizarse incluyendo la vieja discusión sobre la función preventiva. Ahora se habla más en términos de capacidades operativas y direcciones militarizadas.

   La nueva organización policíaca debe estar orientada a las necesidades de los ciudadanos, pues al operar a manera de convoy con armamento sofisticado, pareciera que quienes se están protegiendo son los elementos de seguridad y no la población. Los ciudadanos procuran no estar en los mismos lugares que la policía para no exponerse a agresiones. Se requiere de una profesionalización total de los cuerpos de seguridad.

   Sánchez Munguía reconoció que los elementos de seguridad han sido víctimas de violación a sus derechos y garantías, toda vez que de los agentes vinculados con el narcotráfico, cien han sido procesados, cien tienen una situación jurídica poco clara y del resto no se tiene información. Asimismo, la corporación enfrenta un déficit en el número de efectivos. El especialista informó que no todos los integrantes de la policía municipal son corruptos, pero están vinculados a una institución que ya tiene una determinada forma de hacer las cosas. Comentó que crear una gran corporación que agrupe a las distintas policías que convergen en el país, enfrenta una gran resistencia del Ejército, por la desconfianza que se tiene en el manejo de cuerpos armados de grandes dimensiones.

   Los tres investigadores que se enlazaron por el sistema de videoconferencias del CIESAS, coincidieron en señalar que la complicidad de los tres niveles de gobierno con las actividades ilícitas es un secreto a voces, incluso se habla de un pacto de Estado para poder salir de las crisis y allegarse recursos para desarrollar las campañas políticas. Estas versiones han sido difundidas por los propios delincuentes.  Además, rechazaron la presencia de las fuerzas armadas como única vía de solución al problema delictivo, ya que no resuelven el problema, han descuidado la seguridad de varias comunidades y generan un estado de terror que ahuyenta a un sector amplio de la economía formal. Desde hace varios años, la ciudadanía vive desprotegida incrementando con ello el miedo social y la cultura de la reclusión.

   Respecto a la influencia de la pobreza en el ejercicio del narcotráfico, los académicos refirieron que la población se inmiscuye en esta actividad como vía de subsistencia frente a la falta de políticas sociales que generen empleos y mejoren la calidad de vida de las personas. La Dra. Ravelo aclaró que la imagen mística del narco que ayudaba al progreso de la ciudad y la comunidad, no corresponde a la realidad, no se trata de un cobijo delicuencial de tipo social. En este sentido, el Dr. Domínguez comentó que antes de hablar de un cobijo, hay que puntualizar el desentendimiento del Estado hacia la ciudadanía, misma que se extermina a sí misma o se vuelve delincuente.

   El Dr. Domínguez recalcó que muchos de los jóvenes que viven en la frontera no han conocido otro estilo de vida.  Desde que nacen han aprendido a tener miedo a salir a la calle, por ello a través de las expresiones culturales que se desarrollan en Ciudad Juárez se presentan propuestas que contrarresten esta tendencia.  “Es evidente que la ciudadanía anhela la paz y está harta de vivir en una situación de guerra”, por ello, afirmó que una medida adicional de combate es el control del tráfico de armas por generar más violencia.

   En este sentido, el Dr. Sánchez refirió que en Tijuana también hay una elevada producción cultural, misma que es rescatable por fomentar otro tipo de valores, e integrar a los nuevos habitantes a la ciudad. Consideró que es necesario impulsar políticas públicas más focalizadas, que incluyan la visión de la ciudadanía.

   La Dra. Ravelo destacó la importancia de rescatar las aportaciones que realizan los investigadores sociales en el diseño de políticas públicas. Puntualizó que es prioritario hacer un trabajo conjunto para alcanzar los niveles de democracia que se requieren y conseguir la paz que se está buscando para el país.

   Los especialistas concluyeron que en materia de políticas públicas es más valiosa la vida de las personas, que cualquier otra acción. Las autoridades deben rescatar la importancia de la educación con acceso a fuentes legales de empleo; detener la descapitalización de la frontera norte; resarcir la impunidad; reestructurar el sistema de justicia; reconstruir la actividad económica; suspender la militarización; fomentar el trabajo directo con las comunidades y conocer la opinión de la ciudadanía respecto a las medidas que se están impulsando en materia de seguridad.