El presidente Calderón ha condenado públicamente los cambios de ley 1070 en Arizona que exigen a autoridades locales pedir documentos migratorios a todo aquel que les parezca “bajo sospecha” de ser indocumentado.

    El presidente de México advirtió que ésta ley legislada con fines electorales afecta los lazos de amistad, comercio, turismo y culturales con Arizona e incluso se lanzó por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores una “alerta de viaje” para los Mexicanos que visiten ese estado.

    “Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social y económico, abre la puerta a la intolerancia, al odio, la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley”, citan los medios al presidente.

    Pero el presidente parece estar alejado de la realidad de los migrantes mexicanos que representa, incluso de quienes comparten su apellido, como  Magdalena Vázquez Calderón, una mujer originaria del Distrito Federal quien perdió a sus dos hijos a finales de Julio del 2009.

Ella y su marido viajaron  hasta Tecate, Baja California para buscar a sus muchachos, José Enrique Sánchez Vázquez de 22 y Cruz Adán de 20, quienes habían salido del DF con la intención de cruzar a EU a trabajar como carpinteros.

    “A mis hijos los mataron a tiros antes de que cruzaran la frontera” dice Vásquez.

    “… yo llegué aquí a los 28 [de julio] y me encontré con que no me podían ayudar, porque mis hijos no eran de aquí; a CAPEA fui 3 veces y las 3 veces que fui no me hicieron caso; me hicieron caso cuando una persona de Derechos Humanos hizo la petición pero no me querían atender…” cuenta la señora Vásquez.

    Sus cuerpos descompuestos fueron encontrados el 15 de julio. El 6 de agosto los encontraron su familiares en el servicio forense y las autoridades mexicanas tardaron  4 meses para entregarles los cuerpos incinerados, el 30 de noviembre.

    Los padres de los muchachos estuvieron investigando y ellos mismos entrevistando a los sobrevivientes del ataque. Encontraron que los hermanos llegaron a Tecate el 14 de Julio, con el plan de ir a la zona rural de Tecate para cruzar a E.U. Ahí, fueron contactados por traficantes y luego sorprendidos por secuestradores que estaban vinculados con los traficantes.

    Fue ahí cuando fueron amarrados y los   llamaron a la esposa de José Enrique, —quien está en San Francisco, California— donde le exigieron un rescate de 4 mil dólares que deberían de ser transferidos usando un servicio de transferencia de fondos.

    Pero José Enrique intentó escapar, por lo que fue golpeado brutalmente hasta que los secuestradores, hicieron que los dos hermanos cavaran sus propias tumbas y luego los mataran a tiros.

    Las amenazas para los emigrantes en su camino a Estados Unidos ha ido en aumento en los últimos años, y en México la corrupción gubernamental y su falta de atención al emigrante ha resultado en una tierra fértil para grupos criminales que ven en el secuestro y extorsión de emigrantes una verdadera mina de oro.

    La extorsión es ahora una constante amenaza para los emigrantes según encontraron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, luego de un monitoreo en la extensa red de albergues para migrantes en México,  en la cual se encontró que 63% de los entrevistados sufrieron algún tipo de robo, extorsión o abuso físico, que la mayoría de las veces incluye la amenaza de ser arrojados del tren en movimiento.

    Pero la tendencia más alarmante es la del secuestro, ya que se registró que de septiembre del 2008 a febrero del 2009 se pudieron documentar 9,758 secuestros  a migrantes, es decir 1,600 secuestros cada mes a nivel nacional, pero la cifra real puede ser mucho más alta.

    El rescate promedio pedido a familiares y amigos de los migrantes, es de entre $1,500 y $5 mil dólares, lo que significa que en tan sólo seis meses, este crimen podría significar una ganancia potencial de 25 millones de dólares.

    Los secuestradores son en su mayoría grupos del crimen organizado y en muchos casos son ayudados por autoridades mexicanas corruptas. En 99 de los casos documentados por la CNDH las victimas identificaron a autoridades locales y estatales como involucradas en el crimen y en otra centena de casos las victimas denunciaron haber sido secuestrados por autoridades directamente, quienes ayudaban a atacar a los emigrantes.

    Un informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala encontró que uno de cada 4 emigrantes guatemaltecos que eran deportados, denunciaba algún tipo de abuso durante su estancia en México. Solo 26% mencionan a los “coyotes” como sus atacantes, y casi la mitad de los abusos eran perpetrados por personal del Instituto Nacional de Emigración, cuyas acciones son descritas como abusivas y corruptas.

    Más allá de la corrupción “aislada” se encuentran en México grandes debilidades en el sistema penal y de apoyo a víctimas del tráfico de personas.

    Estos problemas más que casos aislados son sistematicos.

    Según el Reporte de Tráfico de Personas del Departamento de Estado, a un año de que México aprobara su ley federal contra el tráfico de personas, el país no ha realizado los cambios necesarios para erradicar el tráfico de personas y a pesar de que la mayoría de los estados han aprobado leyes contra el tráfico, no se ha llevado a juicio a nadie, ni siquiera a autoridades corruptas y coludidas con criminales.

    ¿Por qué no hay comentario público del presidente sobre estas situaciones de abuso?