Comentario:
Por Humberto Caspa, Ph.D.

La Ciudad de Costa Mesa es definitivamente un laboratorio de la alquimia ultra-conservadora del Partido Republicano.
Ayer fue el laboratorio de los grupos antiimigrantes y de organizaciones raciales que buscaron, incluyendo con la utilización del gobierno de la ciudad, resegregar a la comunidad e invocaron tácitamente la expulsión de la gente latina.

Hoy, Costa Mesa se ha convertido en el laboratorio de un grupo de conservadores con mentalidad “libertaria” (creyentes radicales de la teoría económica de Adam Smith), quienes no solamente insisten en cambiar la estructura política de la ciudad sino que buscan, a través de ese cambio, poner a un centenar de trabajadores públicos en la calle.

La elite política de esta ciudad propuso en las elecciones pasadas un proyecto político (Measure V), a través del cual perseguían convertir a esta ciudad de una entidad constitucionalmente formada bajo las alas del estado de California (General Law City) a otra menos dependiente y relativamente autónoma (Charter City).

El concejal Jim Righeimer desarrolló su charter de acuerdo a su propia visión, su propio gusto y los intereses de una cúpula radical de su partido, cuyo enemigo número uno es el sector de trabajadores públicos.

En este sentido, Righeimer, nunca consideró la opinión de los residentes de esta ciudad, no consultó con las organizaciones comunitarias, a los disidentes los ignoró, tampoco creó comisiones especiales que pudieran llevar la información a la comunidad.

Por consiguiente, la propuesta de Jim Righeimer murió en las elecciones de noviembre.

Fue un golpe certero en un partido político que busca implementar una política anti-sindical. Lo cierto es que, bajo el liderazgo de Righeimer en Costa Mesa y el apoyo de los concejales Eric Bever, Gary Monahan y Steve Mensinger, el gobierno de Costa Mesa ordenó al Jefe Ejecutivo del gobierno, Tom Hatch, buscar la eliminación de algunos trabajos claves del sector público de esta ciudad.

Las consecuencias de este plan fueron catastróficas. El proceso llevó a que un trabajador público de Costa Mesa cometiera suicidio. Se lanzó desde lo alto del edificio de gobierno después de ser informado que su puesto laboral estaba en cuestión.

Por otra parte, el sindicato de trabajadores de Orange County emprendió una querella jurídica contra la ciudad por tratar de despedir a empleados municipales que, de acuerdo a las reglas actuales, son de jurisdicción indirecta del gobierno estatal de California. En vez de ahorrar, Costa Mesa despilfarró dinero en litigios legales.

Después de una elección polarizante, el nuevo gobierno de Costa Mesa, el cual todavía mantiene a líderes libertarios en su vanguardia, tiene la gran oportunidad de demostrar que existe un término medio entre el radicalismo de sus líderes políticos y la posición de los grupos sindicales.

El diálogo y el compromiso político son claves para salir de la crisis. Esperemos que busquen este camino.

Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Ecomonics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com